Corte Constitucional recibió dos demandas contra libertad de jóvenes de la primera línea

Este 14 de diciembre llegó a la Corte Constitucional, en horas de la mañana, la primera demanda en contra de la posible libertad de los jóvenes de la primera línea, una medida que fue anunciada por el presidente Gustavo Petro el pasado 3 de diciembre, cuando confirmó que antes del 24 de diciembre quedarían libres aquellos jóvenes que fueron detenidos durante las protestas que se registraron en el paro nacional. 

El denunciante, Erick Rojas Ortega, sostuvo que el artículo 5 de la ley de paz total que, según el Gobierno, sustenta la decisión, no da esa competencia al presidente de la República.

Según el apartado, serán admitidos como “voceros de paz a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere, puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.

Sin embargo, para Rojas Ortega, la decisión final debería quedar en manos de los jueces de la República. 

Ahora, el alto tribunal deberá definir si admite o no el estudio de la denuncia. 

Lea, además: Serán 100.000 gestores de paz y recibirán un millón de pesos al mes: presidente Gustavo Petro

Los argumentos de la demanda

En el documento presentado por Rojas se sustenta que la decisión del mandatario contradice la Constitución al permitir que jóvenes que ya están condenados y encarcelados, sean gestores de paz. 

Además, señala que en caso de ser así, “esto implicaría una violación del orden constitucional, de la separación de poderes, el debido proceso, la igualdad ante la justicia, teniendo en cuenta que está función de retiro de órdenes de captura de las personas que presuntamente hayan cometido algún delito, es del resorte de la Rama Judicial encabezada por algún juez de la república y el ente investigativo qué es la fiscalía, y qué de la investigación de los elementos materiales probatorios por parte del segundo, el primero decidirá si obtendrá el retiro o no de la orden de captura a la presunta persona qué eventualmente hubiese cometido un hecho antijurídico”. 

Demanda de congresistas del Centro Democrático

En las recientes horas se conoció que el Centro Democrático también presentó una demanda ante el Consejo de Estado. 

Según la congresista Paloma Valencia, “estamos liderando con el Centro Democrático una demanda contra el decreto que emitió el Gobierno Nacional. Un decreto evidentemente ilegal e inconstitucional, donde el presidente y sus ministros se extralimitan en las funciones que dio el Congreso de la República. Es evidente que no se pueden levantar órdenes de captura de voceros del Gobierno, en ninguna parte del decreto existe esa figura. Las órdenes de captura que se pueden levantar son las de voceros de grupos armados o estructuras criminales con las que haya diálogo; segundo, cuando el presidente y sus ministros incorporaron, a través de sus ponentes, esas facultades en la Ley de Orden Público, la opinión pública y los medios de comunicación lo denunciaron cuando nosotros lo expresamos aquí como un gran mico. El Gobierno hundió esos artículos, el Congreso los votó negativamente, los eliminó, por lo tanto, esas facultades no existen”. 

Vea también: ¿Quiénes aplicarán como gestores de paz al beneficio de $1.000.000 del Gobierno?