Defensoría del Pueblo pide atención ante crisis hospitalaria en Necoclí por represamiento de migrantes

Según el último comunicado de la Defensoría del Pueblo, la ESE Hospital San Sebastián del municipio de Necoclí, colapsó en atención debido a que no cuenta con los suficientes recursos humanos, técnicos ni de infraestructura para atender la alta demanda de población migrante haitiana. Además, en las últimas semanas, dos migrantes murieron por causa del covid-19, poniendo en evidencia las dificultades que presenta el sistema de salud para cumplir con las medidas de distanciamiento y contar con elementos de bioseguridad.

“A pesar de que se han tomado decisiones para atender a los migrantes en Necoclí, en la actualidad se estima que son 11.400 los que están represados en ese municipio, lo cual ha causado una emergencia hospitalaria, que es necesario atender para garantizar el derecho a la salud tanto de los colombianos como de los extranjeros”, expresó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.

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Según el último monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo, actualmente hay al menos 11.400 migrantes represados, en su mayoría de origen haitiano, que compraron tiquetes a las transportadoras marítimas Caribe S.A.S y Catamarán y que se encuentran a la espera de la fecha de salida. Según las empresas, estos pasajes tienen fecha hasta el 27 de septiembre.

La mayoría de esta población se encuentra hospedada en hostales y casas arrendadas por días; sin embargo, varias familias han tenido que trasladarse a carpas a la orilla de la playa, debido a que ya no cuentan con recursos para pagar el hospedaje.

“Además de los sobrecostos y la reventa de tiquetes, los funcionarios de la Regional Urabá- Darién de la Defensoría han sido informados sobre la salida de embarcaciones ilegales a altas horas de la noche, exponiendo a los migrantes al riesgo de naufragio en alta mar o a robos y estafas por parte de los ‘coyotes’ o traficantes de personas”, añadió el Defensor del Pueblo en el comunicado.

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El pasado 4 de agosto, Camargo se reunió en Capurganá con los defensores del pueblo de Panamá, Ecuador y Costa Rica, con el fin de avanzar en las gestiones de apoyo a los migrantes en tránsito. 

“Seguimos trabajando para que en las decisiones de las autoridades primen los derechos humanos, porque se tiene previsto que sigan llegando más personas y eso hace urgente la atención priorizada y humanitaria de los países del continente”, agregó Camargo.

Por su parte, el gobierno panameño mantiene las restricciones de ingreso en su país, razón por la que se había venido utilizando la ruta terrestre para el tránsito de los migrantes, sometiéndolos a trayectos que oscilan entre 5 y 8 días, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado físico y de salud de los migrantes.

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