Denuncian presunta irregularidad en la Registraduría para nombramiento de supernumerarios en elecciones

En su más reciente columna de opinión publicada en Cambio, el periodista Camilo Encisodenunció una posible situación de corrupción dentro de laRegistraduría Nacional, asegurando que los supernumerarios de la entidad, encargados de apoyar las funciones de vigilancia durante las elecciones, deben “contar con la palanca y la plata de un político poderoso” para conservar su puesto.

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En un video publicado por Enciso, en la que al parecer es una reunión de funcionarios de la Registraduría, se escucha a alguien decir que sus contratos finalizan el 31 de marzo, sin embargo, les advierte que podría haber una prórroga dependiendo de cuatro factores: el rendimiento laboral, la necesidad de la entidad por contratar el servicio, “su amistad o conexión política” y “el más importante, el dinero”.

Según la información suministrada por el periodista, la reunión tuvo lugar el pasado 10 de febrero y fue organizada por el líder del área de talento humano, José Darío Castro Uribe, “hombre de confianza de Alexander Vega”, el registrador nacional.

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El rol de los supernumerarios consiste en suplir o reemplazar las vacantes que dejan los empleados públicos, además de apoyar en las jornadas de elecciones como vigilantes del proceso.

“Algunos supernumerarios son elegidos como delegados de puestos de votación, digitan y cargan la información en el software en la audiencia pública de escrutinios; uno de los escenarios de mayor riesgo de fraude electoral”, resaltó Enciso en su columna.

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Entretanto, el periodista también aseguró que habría sido un funcionario de Castro, identificado como John Jairo Hernández, quien habló sobre los términos de permanencia en la entidad a los funcionarios.

Hasta el momento ni la Registraduría ni el registrador Alexander Vega se han pronunciado al respecto de las denuncias. Además, según un segundo caso expuesto por el periodista Daniel Coronell, Vega habría presentado recientemente una solicitud frente al Consejo Nacional Electoral para suspender la norma que exige la firma y huella de los votantes en el formulario de votación.