Colombiafebrero 17, 2022hace 10 meses

“Siete de cada diez excombatientes tiene una fuente de ingresos permanente”: Emilio Archila

Recientemente la JEP solicitó investigar posibles fallas en los sistemas de protección brindados a 35 excombatientes asesinados.

Emilio Archila indicó que Gobierno apoya reinserción de excombatientesEmilio Archila indicó que Gobierno apoya reinserción de excombatientes/Foto: Presidencia.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, comunicó los logros de la política de paz con legalidad puesta en marcha por el presidente Iván Duque, en temas referentes al apoyo dado a los excombatientes de las Farc acogidos al Acuerdo de Paz.

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Inicialmente, Archila señaló que el Gobierno Nacional ha prestado “todo el apoyo” a los más de 13 mil excombatientes y lo seguirá haciendo “hasta lograr su reincorporación efectiva”, brindándoles todas las garantías estipuladas en el Acuerdo.

Según el consejero, siete de cada diez excombatientes cuentan actualmente con una fuente de ingresos permanente proveniente de un empleo o de un proyecto independiente. Además, reconoció que desde el Consejo Nacional de Reincorporación se aprobaron cinco proyectos de emprendimiento.

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Aprobamos cinco proyectos productivos por $1.600 millones en todos los temas: agricultura, ganadería, piscicultura y particularmente en el comercio y en todas las regiones, estamos en La Guajira, Antioquia, Córdoba, Putumayo y Cundinamarca.

Rechazo a señalamientos de la JEP

Tras el comunicado emitido por la JEP en el que le solicitó a la Procuraduría investigar fallas en la protección de 35 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, Emilio Archila rechazó con vehemencia el comunicado y aseguró que es lamentable que no se reconozca el trabajo positivo del Gobierno que fue presentado en días atrás.

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Además, añadió que el 75% de los asesinatos a excombatientes son responsabilidad de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Cabe recordar que en el informe de la JEP se estableció que, en promedio, habrían pasado diez meses entre la solicitud de protección de los 35 excombatientes y sus asesinatos, por lo cual sugirió investigar la actuación de la UNP en la garantía de seguridad a los firmantes de paz, uno de los puntos claves del Acuerdo.

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