En 15 días, Gobierno presentará ley de baldíos

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán confirmó que en dos semanas presentará a consideración del Congreso de la República, el proyecto de ley de adjudicación de baldíos que busca darle una estabilidad jurídica a las inversiones en el campo.

El funcionario aseguró, en el marco de un debate de control político en la plenaria del Senado, que el objetivo es poder establecer unas reglas claras que permitan la coexistencia de los pequeños productores junto con los grandes empresarios para lograr una verdadera productividad del campo colombiano.

Dijo que el Gobierno Nacional no puede pasar de "agache" la situación ocurrida con las empresas Riopaila y Corficolombiana en la altillanura y por eso el Incoder ha hecho y está haciendo topas las investigaciones para conocer cuáles son las verdaderas acumulaciones de tierras en el país. 

Asimismo afirmó que no se tiene aún un censo del total de baldíos en Colombia y que por eso la iniciativa que se radicará en el Congreso incluirá una cuantificación de las tierras que pertenecen al Estado y que han sido adjudicadas para así poder definir su situación jurídica.

"El Incoder trabaja en establecer las limitaciones de la ley 160 de 1994 para saber si hay empresas con acumulación de predios, pero es importante aclarar que no sacamos nada con ahuyentar los proyectos productivos en el campo y que los mismos deben tener continuidad por las grandes inversiones que se han hecho para que crezcan las regiones," puntualizó Estupiñán.

Finalmente aseguró que gracias a las grandes inversiones en el departamento de Vichada y con los proyectos agroindustriales, los ingresos fiscales de esa región han superado de lejos los presupuestos asignados.

Al inicio de la discusión, el senador Jorge Enrique Robledo aseguró que su denuncia está basada en la ley 160 de 1994 que prohíbe la acumulación de tierras adjudicadas a campesinos de la Reforma Agraria y que se deben mantener en manos de quienes las recibieron por parte del Estado.

Robledo insistió en que a pesar de la existencia de dicha ley, las empresas Riopalia, Corficolombiana y Carguil, asesoradas por la firma de abogados Brigard y Urrutia, realizaron una operación de compra de 140.000 hectáreas de tierras en Vichada de forma ilegal.

Señaló que el presidente Juan Manuel Santos también conocía la legislación en esa materia y era consciente de las irregularidades que en su momento le costaron el puesto al exembajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia.

El Senador dijo que la acumulación se evidencia en que la empresa Riopaila compró, a través de 27 Sociedades Anónimas, un total de 35.594 hectáreas, la empresa Cargill con 40 sociedades adquirió 61.862 hectáreas y Corficolombiana, por medio de sus 7 sociedades anónimas, obtuvo 6.701 hectáreas.

Sobre dicha estrategia, mencionó el nombre de Francisco Uribe Noguera, de la firma Brigard & Urrutia, quien habría constituido, como único accionista, las 27 sociedades a las cuales Riopalia les habría prestado plata para la compra de los predios por un total de 41.700 millones de pesos, sin entregar garantías para el pago de esos dineros.

Robledo dijo que el debate no es contra la producción empresarial, ni contra los ingenios azucareros, ni sobre el modelo agrario, ni la Altillanura colombiana, aclarando que la discusión es sobre las violaciones a la ley y la corrupción de las poderosas empresas y bufetes de abogados que cometieron dichas faltas.

Denunció también que incluso Estados Unidos conoció sobre las operaciones que se estaban realizando en la altillanura colombiana y que violaban lo que la Corte Constitucional estableció en la Ley 160 la cual fue ratificada por el Consejo de Estado.