Afectada en escándalo de las chuzadas pide millonaria indemnización y disculpas públicas
Se trata de Fabiola Perea, a quien quisieron vincular al Clan del Golfo para justificar las interceptaciones.
Noticias RCN
07:18 p. m.
En 2023, estalló el escándalo de la chuzadas contra dos empleadas Marelbys Meza y Fabiola Perea. Después de 24 meses, una de ellas apareció.
Meza y Perea fueron blanco de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones en un entramado que aún se investiga e involucra a oficiales de la Policía.
La cifra que solicita Perea
En septiembre de 2024, dos uniformados fueron condenados a 10 años de prisión. Este escándalo dejó en el ojo del huracán a la hoy canciller y exdirectora del Dapre, Laura Sarabia. A otros seis policías, la Procuraduría le formuló pliego de cargos.
Noticias RCN conoció la solicitud extrajudicial que hizo Boris Andrés Lombana, abogado de Perea y sus hijos ante el Ministerio Público, en la que se exige la reparación económica por los perjuicios ocasionados por las chuzadas.
En el documento se detallan los recursos que Perea y sus cinco hijos habrían dejado de percibir por sus salarios, debido a la estigmatización que fueron víctimas cuando a la exempleada la relacionaron indebidamente con el Clan del Golfo para justificar las interceptaciones.
La indemnización solicitada es de 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que es igual a 640 millones de pesos.
A Perea la quisieron vincular con el Clan del Golfo
Solicitud extrajudicial en favor de Fabiola Perea, seguimientos en enero y julio del 2023, esta señora fue vinculada y señalada de pertenecer al Clan del Golfo. Junto a Marelbys Meza fue señalada de sustraer dineros a Laura Sarabia (…) No solo reparación económica, sino también disculpas públicas.
Como medida restaurativa, la solicitud menciona a las entidades y personas a las que les piden ofrecer las disculpas: “A que realicen un acto público y desagravio a las víctimas de las interpretaciones ilegales de estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente a este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento”.
El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y la Fiscalía están mencionados como responsables de la reparación.
Por último, el documento le solicita a la Procuraduría delegada para los juzgados administrativos, programar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación.
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