Fiscalía imputa homicidio agravado a taxista que arrolló a 11 personas en San Cristóbal

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá Franco, taxista que en estado de embriaguez habría arrollado a 11 personas en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió la noche del 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, y desató momentos de pánico entre los residentes del sector.

Según el ente acusador, las pruebas recolectadas evidencian que el conductor manejaba a exceso de velocidad y presentaba grado tres de alcoholemia, condición certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta situación habría provocado que perdiera el control del vehículo y embistiera a un grupo de peatones.

Así ocurrió el accidente en San Cristóbal

El siniestro dejó cuatro menores de edad entre las víctimas, de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de los jóvenes sufrieron trauma craneoencefálico severo y fueron trasladados a centros asistenciales. En videos de cámaras de seguridad se observa cómo varias personas intentan cruzar la vía antes de ser impactadas por el taxi, que finalmente terminó estrellándose contra una vivienda del sector.

Chalá Franco, de 56 años, fue capturado en flagrancia y judicializado inicialmente por homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas, cargos que aceptó en su momento. Sin embargo, su situación jurídica cambió tras el fallecimiento de una de las víctimas.

El 11 de noviembre, una menor de 15 años murió como consecuencia de la gravedad de las lesiones. Ante este desenlace, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá adicionó la imputación por homicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó. Pese a ello, el taxista continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía reiteró el llamado a la responsabilidad al volante y recordó que conducir bajo los efectos del alcohol tiene graves consecuencias legales y humanas. La ley contempla penas de prisión, la privación del derecho a conducir y agravantes cuando el hecho ocurre con altos niveles de alcoholemia.