Fue capturado Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, por presunta corrupción

Este 7 de febrero se conoció la noticia sobre la captura del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, señalado por presuntas irregularidades en contratos cuando se desempeñaba en el cargo.

Abadía sería responsable de un contrato suscrito en enero de 2010, cuando era gobernador del departamento, que también tendría la firma del entonces secretario de educación, Eiber Navarro, con el que dotarían 40 bibliotecas en centros educativos.

La pena que deberá cumplir Juan Carlos Abadía

“Condenar a Juan Carlos Abadía Campo, como coautor penalmente responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía”, se lee en el documento de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, le imponen una condena de más de 21 años de cárcel (259 meses y 15 días), además de una multa de $817.482.400 “más 187.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos para un total de $914.271.500”.

Juan Carlos Abadía fue señalado culpable de haber cometido los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

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La investigación contra Juan Carlos Abadía por presunto pago de dineros para dilatar el caso

En junio de 2022 un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Abadía por el presunto pago de dineros con el fin de que no avanzara una investigación en su contra.

La Fiscalía reveló en su momento que el exmandatario habría pagado 400 millones de pesos para dilatar las pesquisas.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que el exmandatario, al parecer, recurrió inicialmente al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, y por su conducto, al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014 para que lo asistiera en un proceso penal que se seguía en una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el departamento”, señaló el ente acusador.

Abadía presuntamente pagó para que las investigaciones que adelantaba la Fiscalía fueran archivadas o dilatadas. Al parecer, pretendía que no se le formulara una imputación ni se pidiera medida de aseguramiento.

“Se acordó con un fiscal delegado ante la Corte que se dilataría el avance de la actuación, y a cambio, se le garantizaría al funcionario la continuidad en el cargo”, agregó la Fiscalía.