Imputan cargos a exdirectivo español de Inassa por millonario desfalco en Barranquilla

La Fiscalía imputó este jueves cargos a Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivo de la compañía española Inassa, en el proceso que se adelanta por el millonario desfalco de la empresa Triple A en Barranquilla.

Rodríguez Sobrino, procesado en España en el llamado "caso Lezo", es investigado por los delitos de administración desleal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exdirectivo como supuesto responsable de contratos "ficticios" entre las empresas Inassa y Recaudos y Tributos, y de manejos "fraudulentos" de subsidios sociales del Estado para tarifas del agua de Barranquilla.

En la audiencia de este jueves, que era virtual, Rodríguez Sobrino no apareció en la sede de la Cancillería colombiana en Madrid pero sí lo hizo su abogado, quien le asistió en la diligencia judicial.

El proceso comenzó el 4 de octubre de 2018 cuando la Fiscalía anunció el embargo con fines de extinción de dominio de acciones por 202.000 millones de pesos de Inassa en Triple A, empresa que gestiona los servicios públicos de Barranquilla.

Dichas acciones corresponden al 82 % del capital de Triple A, en la que participa Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

De igual forma, el ente acusador emitió en ese momento sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.

Según anunció la Fiscalía el año pasado, en las pruebas que reposan en el expediente se relacionan hechos ocurridos desde el año 2000 hasta 2017 en el que se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica", que causaron un detrimento patrimonial cercano a los 236.853 millones de pesos a la Triple A.

El contrato se remonta al 4 de septiembre del 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5 % de la recaudación mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Los investigadores calculan que en 17 años de vigencia de dicho contrato se habría pagado la millonaria suma, valor que actualizado con el índice de precios al consumidor (IPC) llegaría a más de 329.000 millones de pesos. 

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