Imputarán cargos a las Farc por crímenes contra indígenas

La Fiscalía General de la Nación logró consolidar pruebas clave que servirán para imputar cargos por crímenes de guerra a los máximos responsables del estado mayor de las Farc por el desplazamiento forzado y posterior confinamiento que sufrieron más de 3.000 indígenas de la comunidad Awa, ubicada en el departamento de Nariño, en febrero de 2013.

Así se desprende de un informe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía conocido por RCN La Radio, cuyos fiscales priorizaron esta investigación en cumplimiento de lo dispuesto en un auto proferido por la Corte Constitucional, en el que se declaró el riesgo de exterminio de pueblos indígenas por desplazamiento o muerte natural, o violenta, de sus integrantes.

"Estos hechos criminales tuvieron lugar en zona rural de los municipios de Ricaurte y Barbacoas (Nariño), específicamente en los resguardos Nulpe Mem y Gran Sábalo, pertenecientes a la comunidad indígena Awa, que desde finales de 2012 viene siendo fuertemente afectada a causa de la incursión y permanencia arbitraria de las Farc (Bloque Occidental - Columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre), principalmente por la implantación de minas antipersona", dice el informe de la Fiscalía.

De acuerdo a los elementos probatorios y evidencias físicas recolectadas por la Fiscalía, serían tres los delitos que se le imputarían a las Farc: Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de la población civil; utilización de medios y métodos ilícitos de guerra; y tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida. 

La Fiscalía también estudia declarar como delito de lesa humanidad los homicidios de varios líderes indígenas de la comunidad Arhuaco con el fin de establecer si constituyó un ataque sistemático y generalizado contra esa población. 

Se trata del asesinato de tres líderes que hacían parte de la Asamblea Nacional Constituyente, Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro Torres, el 28 de noviembre de 1990, y cuyos casos están a punto de prescribir.

Por su parte, Luisa Fernanda Obando, fiscal especializada de la Unidad Seguridad Ciudadana, dijo que fueron destacados dos fiscales para impulsar esos procesos con el fin de definir si en este caso procede la declaratoria de lesa humanidad.

Otro de los casos sobre los cuales se reclaman prontos resultados es la investigación por la tentativa de homicidio al anterior Cabildo Gobernador, en Pueblo Bello (Valledupar); el abuso sexual a menores de edad, y el desplazamiento forzado para apoderarse de tierras y recursos naturales para la construcción de mega proyectos y minería ilegal.

Para impulsar las investigaciones sobre la situación que viven los indígenas de la Sierra Nevada, quienes han sido víctimas de estos hechos violentos, no sólo por parte de paramilitares y guerrilleros, sino por parte de las Fuerzas Militares y particulares, la Fiscalía creó una Comisión de Asuntos Indígenas, que posteriormente también estará conociendo de otros casos que afectan a estas poblaciones en otras zonas del país.

Además de la investigación sobre el desplazamiento masivo de 3.000 indígenas de la comunidad Awa, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía ha identificado 117 casos que se indagan con la creación de comités técnicos e investigadores especializados.