Investigan presunto autoatentado a sindicalistas

Por la falsa denuncia que al parecer realizaron los líderes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Óscar Arturo Orozco y José Wilson Jaramillo, sobre el atentado del que fueron víctimas el 4 de agosto de 2012, la Fiscalía les imputó seis cargos.

Según la investigación, Orozco, presidente de la CUT en Caldas, y Jaramillo, fiscal y secretario general de la misma organización en esa región, habrían planeado un autoatentado.

Los líderes, miembros también del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol), son señalados de incurrir presuntamente en los delitos de falso testimonio, fraude procesal, fraude a subvención, falsedad en documento privado y daño en bien ajeno agravado.

Igualmente fueron imputados César Augusto Castaño Ramírez y Jorge Eduardo Cardona, quienes hacían parte del esquema de seguridad de Óscar Arturo Orozco, asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Los hechos ocurrieron en la vía que de Manizales conduce al corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina (Caldas), a donde se desplazaban los hoy procesados para adelantar una reunión con pescadores, cuando según lo relatado por estas personas, el vehículo en el que se desplazaban fue objeto de varios disparos por parte de desconocidos. No obstante resultaron ilesos.

Previo a esto, a la casa del presidente de la Central Única de Trabajadores, supuestamente le habían llegado panfletos amenazantes.

“Esos disparos no fueron hecho de la manera que ello relataron, eso puso en alerta a la Fiscalía”, indicó Camilo Burbano, asesor del despacho del Fiscal General de la Nación.

Las pruebas de criminalística dejaron en evidencia una inconsistencia: los disparos solo pudieron ser hechos por una persona de pie y con la camioneta detenida.

“Se les iba a retirar el esquema de protección, y un punto más de alerta fue que precisamente cuando se hace este anuncio aparece este nuevo atentado”, agregó Burbano.

De acuerdo con el fiscal del caso, los judicializados habrían engañado con las falsas declaraciones no solo a la Unidad Nacional de Protección, sino a las autoridades judiciales, recibiendo dinero del Estado  para salvaguardar su integridad.

Al término de la audiencia, los imputados, que se presentaron voluntariamente,  no aceptaron los cargos endilgados y permanecen en libertad mientras continúa la investigación.

Fiscalía/NoticiasRCN.com