La ANT perdió lío legal por la finca La América, clave para la reforma agraria en el Cesar
Un tribunal de Barranquilla negó la petición de la entidad para levantar las medidas cautelares a este disputado predio.
Noticias RCN
09:45 p. m.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla emitió recientemente el Auto No. 195, respondiendo a una solicitud de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) referente a la finca La América.
La ANT adquirió este predio del Fondo para la Reparación de las Víctimas, pero su adjudicación a los campesinos ha sido obstaculizada por una medida cautelar impuesta por Justicia y Paz: un embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo decretado el 31 de marzo de 2023. La ANT solicitó información sobre el proceso que dio origen a esta medida y pidió su levantamiento, argumentando la ausencia de una solicitud formal de restitución.
Sin embargo, el Tribunal declaró la solicitud de levantamiento de medidas cautelares como "improcedente". Esta decisión se basa en el proceso de transición en curso, señalando que ni la Sala de Conocimiento ha decretado la extinción de dominio, ni el despecha ha autorizado judicialmente una enajenación temprana. El tribunal subrayó que las medidas cautelares permanecen vigentes debido a un litigio pendiente.
La historia detrás de la finca La América
Esta propiedad, ubicada en Chimichagua, Cesar, con una extensión de 1.453 hectáreas y valorada en más de $26 mil millones, posee un pasado significativo, habiendo sido vinculada a personas acusadas de narcotráfico y homicidio.
A pesar de su historia, la finca está ahora destinada a desempeñar un papel crucial en los esfuerzos de reforma agraria, con el objetivo de ser distribuida a campesinos sin tierra como parte del Programa Especial de Dotación de Tierras para la Producción de Alimentos.
¿Quién está reclamando La América?
El tribunal destacó que el 16 de agosto de 2024, los señores Hugues Fuentes, María Pavajeau, María Lucía y Hugues Manuel Rodríguez, en calidad de socios de la compañía Inversiones Fuentes Ltda., iniciaron un proceso independiente regido por el artículo 17C de la Ley 975 de 2005, solicitando el levantamiento de dichas medidas cautelares.
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Este incidente de oposición se encuentra actualmente en etapa de pruebas, y si prospera, resultaría en el levantamiento de las restricciones provisionales y la devolución de la propiedad a la sociedad.
En un movimiento para garantizar la supervisión, el tribunal resolvió activar el expediente para hacer seguimiento a la imposición de las medidas cautelares y requerir al Fondo para la Reparación de las Víctimas que informe sobre la supuesta venta a la ANT y adjunte todos los soportes de esta, incluyendo un certificado de tradición actualizado.
Finalmente, el Tribunal ha convocado a una audiencia de seguimiento para el 16 de mayo de 2025 a partir de las 9:00 a.m. Esta audiencia crucial contará con la participación de los sujetos procesales de este proceso de imposición (Fiscalía, Procuraduría, UARIV y Abogado de Víctimas) y los requirentes en el incidente de oposición de terceros a medidas cautelares.
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