La prueba reina de la Procuraduría en el caso de presunto abuso sexual por parte de militares

La Procuraduría General de la Nación tiene en su poder las declaraciones de seis uniformados que presuntamente habrían abusado sexualmente a una joven Nukak Maku de 15 años en 2019. En el documento hay un extenso relato de los hechos que sucedieron ese año y la presunta vinculación de esos oficiales. 

“Por hechos acontecidos en la base de charras en el cual resulta una menor, indígena, de la comunidad Nukak, quien al parecer desapareció aproximadamente por 4 días y presuntamente la tenían retenida unos soldados pertenecientes a la compañía ASPC4”, se lee en el documento. 

Las declaraciones, conocidas en primicia por Noticias RCN, advierten cómo fueron los hechos donde la menor indígena llegó al lugar donde se encontraban los soldados. 
“Le fue a decir a otro compañero que arriba andaba una guajiva y que subiera para que se la comiera, pero el compañero dijo que él no iba a subir, que él no se metía en esos problemas, de ahí se fueron como 6 y los 6 andaban ahí metidos”. 

Adicionalmente, el documento indica cómo habría sido el presunto abuso sexual. “Esa misma noche allá arriba la cogieron y la metieron en un matorral que está al frente de la guardia y luego fue al otro día empezaron los rumores”. 

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El texto también recordó que la menor indígena se quedaba por largos periodos de tiempo en compañía de soldados. “Yo solamente vi una vez a la peladita, fue una vez que salí a llamar a las 19:00 pm y se quedaba como hasta las 3 am”. 

Actualmente, la procuraduría realiza la investigación por este presunto acceso carnal en San José del Guaviare y está a punto de cerrar la etapa probatoria. 

Las necesidades de la comunidad Nukak Makú

Entretanto, una comisión extraordinaria de la Procuraduría, liderada por Javier Sarmiento, delegado de derechos humanos, se trasladó hasta la zona para conocer de cerca cómo viven las comunidades indígenas. 

“Dejando morir de hambre, dejando morir de enfermedad, así vive el pueblo Nukak, con sus cauchitos y techos”, señaló Joaquín, conocido en el asentamiento como el capitán, el líder de una comunidad olvidada por el estado. 

El doloroso relato de esta comunidad que sobrevive en un asentamiento solo pide que respeten sus derechos, a la educación, a la alimentación y, sobre todo, a tener una vida digna. 

Las personas que pertenecen a esta comunidad viven en pequeños cambuches improvisados que no tienen agua potable ni productos productivos. En el lugar, sobreviven más de 60 niños en presuntas condiciones de desnutrición y que solo piden una oportunidad. 

La Procuraduría, en una visita extraordinaria a estas comunidades, relató la dolorosa preocupación de estos indígenas en San José del Guaviare e hizo un diagnóstico de cómo viven los menores de edad.

“Hay un problema de inducción a la drogadicción, inducción a la prostitución, problemas de saneamiento básico. Es una comunidad nómada o seminómada que se está extinguiendo por la falta de atención estatal”, agregó Javier Sarmiento, procurador delegado. 

Sarmiento también advirtió que el Estado no está cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional. 

Por su parte, la Procuraduría se encuentra adelantando las indagaciones pertinentes para determinar si los indígenas no están siendo instrumentalizaros para cometer delitos a cambio de comida. 

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