Dejan libre al policía acusado de asesinar a Santiago Murillo en las protestas de 2021

El mayor Jorge Mario Molano fue dejado en libertad por orden de un juez de garantías. Este uniformado pasó un año y siete meses privado de la libertad porque es el único sospechoso del asesinato de Santiago Murillo, un joven de 19 años que recibió un impacto de bala el pasado 1 de mayo del 2021, en Ibagué, durante las protestas registradas en el paro nacional.

Molano fue dejado en libertad por vencimiento de términos, luego de haber sido capturado en 2021 por el caso que se conoció a través de un video en el que la madre de la víctima lloraba por lo sucedido con su hijo.

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Las primeras hipótesis señalaban como presunto responsable al patrullero Óscar Devia; sin embargo, un informe de la Fiscalía determinó que el casquillo encontrado en uno de los hombros del joven asesinado coincidía con el arma de dotación de Molano.

¿Qué le ocurrió a Santiago Murillo? 

Este policía había estado presente en la custodia de las autoridades durante las protestas presentadas en el paro nacional. Se cree que habría accionado su arma en contra de un grupo de manifestantes y por ese mismo lugar pasaba Murillo, quien recibió un disparo que le atravesó el tórax. Al parecer el joven estaba desplazándose de la casa de su pareja a la de sus padres y no participaba de las manifestaciones, según sus familiares. 

Lo que sigue para el mayor Molano es continuar su proceso ante la ley, pero libre. Él insiste en que es inocente. Mientras tanto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos humanos se pronunció sobre el caso y reiteró su compromiso con la investigación.

A través de su cuenta de Twitter, la entidad aseguró: “los relatores especiales de Ejecuciones Extrajudiciales se dirigieron al Gobierno colombiano con relación a las alegaciones de homicidios en estas protestas y manifestaron serias preocupaciones: subrayaron la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos cometidos por las autoridades policiales”.

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