Humanización de la política criminal: estos son los cambios incluidos por el Gobierno en el proyecto

Este 13 de julio se conocieron nuevos detalles de lo que será el proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria que presentará el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, para el próximo periodo legislativo.

Este trámite, que liderará el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no fue tramitado en la pasada legislatura por falta de tiempo, debido a que la prioridad era sacar adelante las reformas a la salud, pensional y laboral.

El documento ya salió a la luz y mantiene algunas de las propuestas iniciales, entre las cuales se encuentra la disminución de la pena máxima carcelaria para cuando se ha cometido más de un delito de 60 a 50 años, y la pena máxima de tipos penales de 50 a 40 años.

Entre las propuestas que ya no están y que antes habían causado revuelo están las de eliminar del Código Penal los delitos de incesto, inasistencia alimentaria, injuria y calumnia.

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Nuevos detalles del proyecto de humanización

Sin embargo, una de las polémicas del nuevo proyecto se centra en la eliminación del artículo 103ª del Código Penal, en el que se habla de las circunstancias de agravación punitiva cuando un homicidio recae en un niño, niña o adolescente.

Además, toca el artículo 398A en el que se establece que “quien sea elegido para un cargo de elección popular, estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y una multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Sobre este, el Gobierno busca quitar las expresiones “disciplinaria” y “fiscal”.

Otro de los puntos que llaman la atención es que volverían las facultades extraordinarias del presidente de la República por el término de seis meses para modificar, suprimir, reestructurar o fusionar el Ministerio de Justicia y el Inpec.

La modificación de los requisitos para obtener permisos hasta por 72 horas si se ha descontado un 25% de la pena, también está incluida en el articulado; al igual que la flexibilización de los permisos cuando se supere el mismo porcentaje del castigo, y no la tercera parte como está dispuesto actualmente.

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El proyecto busca, también, derogar los delitos que hacer referencia a violaciones a la libertad religiosa, irrespeto a cadáveres, perturbación a ceremonias y daños a cosas destinadas a culto, argumentando las bajas cifras existentes en el sistema de datos de la Fiscalía sobre noticias criminales de este tipo.