Los frentes del Consejo de Estado para recuperar el río Bogotá

El Consejo de Estado condenó a la Nación por la contaminación del río Bogotá. Más de 40 municipios, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Gobierno Nacional, entre otros organismos, deberán invertir en los próximos años más de 6 billones de pesos en la recuperación del afluente.

Según el fallo del Consejo de Estado, los problemas que aquejan al río deben ser solucionados en un máximo de 30 años.

El plan de acción planteado por el Alto Tribunal se divide en dos etapas, una provisional y de aplicación inmediata, y la otra se plantea como solución definitiva, en algunos casos, a través de proyectos de ley.

Así mismo, en la ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla se especifican las distintas áreas en las que se deberá trabajar, un planteamiento que ahora se convierte en la hoja de ruta para sanear el río.

Para el Consejo de Estado es urgente la realización de inventarios que evidencien la situación del afluente. Por eso pide identificar cuáles son las zonas donde se requiere iniciar procesos de reforestación protectora; determinar cuáles son las áreas de importancia estratégica para darles prioridad, y realizar un censo de las personas y empresas que realizan actividades industriales de curtiembres, entre otros temas.

Además, el alto tribunal ordena constituir, en una primera etapa, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá (ORARBO) y  el Sistema de Información Ambiental (SIGICA Río Bogotá). En una segunda etapa, el Consejo de Estado pide crear mediante proyecto de ley que presentará el Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Regional Común de Información Ambiental  para tomar todas las decisiones interinstitucionales para toda la cuenca.

El alto tribunal ordena a la CAR actualizar inmediatamente el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá (POMCA) y hacer la articulación con los instrumentos de planeación existentes. Para esto, le pide a la CAR que asesore al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes del río Bogotá.

También se deben ajustar los Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (PGIRS). La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá deberá elaborar en seis meses un plan para la identificación y la corrección de las conexiones erradas del sistema sanitario al sistema pluvial de la ciudad.

Todo esto será verificado. Por eso pide crear en 24 meses un Sistema de Evaluación del Riesgo y de Valoración del Daño Ambiental y la implementación de un Sistema de Auditoría Ambiental dentro de los doce meses siguientes a los 24 meses anteriores.

Los propietarios de inmuebles también tendrán responsabilidades. A través del Ministerio de Ambiente se debe hacer la inscripción de la “limitación de dominio” en el folio de matrícula inmobiliaria predial.

El Consejo de Estado ordena constituir temporalmente un Fondo Común de Cofinanciamiento para la recuperación del afluente. También le pide al Gobierno realizar un estudio sobre la efectividad de impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes existentes para la protección del ambiente. Finalmente, ordena en nueve meses modificar los parámetros de los instrumentos económicos: tasas retributivas, compensatorias y de utilización de aguas.

En materia de obras, el alto tribunal da las siguientes instrucciones

-          Ampliar la actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre en caudal y capacidad de tratamiento.

-          El alto tribunal también ordena que se canalice el río en el sector de Canoas, dentro de los próximos tres años. “Después de mirar todo el tema técnico llegamos a la conclusión de que debía hacerse en Canoas, porque todas las obras de interconexión están dirigidas allí y existe la posibilidad de ampliación”, declaró el consejero de Estado Marco Antonio Velilla.

-          Construir de forma cofinanciada en tres años parques ecológicos industriales para las curtiembres de Villapinzón, Chocontá y San Benito con el propósito de tratar las aguas residuales y brindar asistencia técnica para cumplir con normas de vertimientos.

El Consejo de Estado pide planes de capacitación dirigidos a las autoridades de la cuenca para sensibilizar y actualizar a los funcionarios en las normas, manejo y protección de la flora y la fauna silvestre, los ecosistemas en general y el Sistema de Gestión Integral de la cuenca del río Bogotá.

Con el apoyo del Ministerio de Educación y de la Gobernación de Cundinamarca pide iniciar una capacitación dirigida a los habitantes de las áreas que integran la cuenca hidrográfica en el manejo de residuos sólidos. A la cartera de educación también le pide incluir en los Proyectos Ambientales Escolares el capítulo del reciclaje.

Finalmente, al Ministerio de Ambiente y a Colciencias les ordena priorizar líneas de investigación, mientras que al SENA y al Ministerio del Trabajo, capacitar y reubicar laboralmente a las personas que dejen la actividad de las curtiembres.