Ministro Alfonso Prada insiste en que policías están “retenidos” en Caquetá y pide su liberación

El Gobierno Nacional continúa enviando mensajes relacionados a la crítica situación que se presenta actualmente en el sector Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en donde se completan casi 24 horas del secuestro de más de 50 policías del Esmad por parte de la guardia campesina.

Al respecto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, hizo una intervención como vocero oficial del gabinete del presidente Gustavo Petro, para exigir la liberación de los uniformados y seis trabajadores de la petrolera Emerald Energy que permanecen bajo el poder de las comunidades de esta zona del Caquetá.

Una vez más, el Gobierno se refirió a este tipo de situaciones como un caso de “retención”, sin embargo, se puso como principal requisito para el diálogo la liberación y preservación de la vida e integridad de los policías afectados.

Un requisito absolutamente insuperable para acercarnos a dialogar en relación con los temas sociales de la comunidad es, naturalmente, la liberación inmediata de la Policía Nacional y de seis trabajadores de la empresa Emerald Energy, que están en retención por parte de estas organizaciones que hacen presencia en el territorio.

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Adicionalmente, Prada manifestó que el principal interés del Gobierno ahora mismo es proteger la vida de los campesinos y policías que permanecen en el lugar y, agregó, que “cualquier tipo de operación que no tenga en cuenta la vida es ilegítima, y pondría en riesgo el valor supremo de la vida que es el compromiso más grande que tenemos como Gobierno”.

¿Existe constreñimiento de grupos armados?

Cabe recordar que el pasado 19 de febrero, las Fuerzas Militares dieron cuenta de un posible constreñimiento de las disidencias de las Farc sobre la situación presentada en esta zona del país desde hace ya varias semanas.

Frente a esto, Prada recalcó que desde el Gobierno han sido muy cuidadosos de no estigmatizar las movilizaciones campesinas, sin embargo, reiteró que no se puede “caer en la imbecilidad” de pensar que no hay intenciones de grupos armados de usar estos mecanismos ciudadanos para intimidar al Estado.

Estamos muy cuidadosos de no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización social para intereses particulares e ilegales, contra ellos va toda la actuación de las fuerzas militares y del Estado

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