Orden de captura contra dos policías vinculados por asesinato de Javier Ordóñez

Un juez de garantías de Bogotá emitió orden de captura contra los patrulleros Juan Carlos Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz y pidió autorización para su ejecución ante un juez de garantías por su presunta responsabilidad en la muerte del estudiante derecho Javier Ordóñez el 9 de septiembre en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá.

Luego de nueve días de investigación, el fiscal especializado de derechos humanos encontró suficientes evidencias para solicitar la detención de los dos uniformados. Según la necropsia de Medicina Legal, Javier Ordóñez murió por golpes dados con un objeto contundente y además presentaba dos heridas abiertas y varias ocasionadas por el taser utilizado por los dos policías para reducirlo.

Vea también: Citan a juicio disciplinario a patrulleros por la muerte de Javier Ordóñez

Para el ente investigador, la muerte de Javier Ordóñez se trata de un homicidio cometido por los patrulleros y descartó que sea un acto del servicio.

Videos y declaraciones de testigos serán revelados en la audiencia como prueba contra los investigados.

En las próximas horas los dos policías serán presentados ante un juez de garantías de Bogotá para la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Le puede interesar: Justicia Penal Militar remitió a la Fiscalía el caso de Javier Ordóñez

El miércoles, la Procuraduría citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a los dos patrulleros el próximo 1 de octubre para que respondan por las conductas consideradas gravísimas a título de dolo.

“A juicio de la Procuraduría los disciplinados presuntamente incurrieron en conductas descritas en el Código Penal como delitos a título de dolo: abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio durante un operativo realizado en la madrugada del 9 de septiembre, en vía pública del barrio Santa Cecilia”.

Lea además: Piden medidas de protección para testigo en caso de Javier Ordóñez

Entre tanto, uno de los testigos que sería determinante para establecer los detalles que ocurrieron en el caso envió una carta a la Fiscalía seccional en Bogotá advirtiendo del peligro en el que estaría por algunas amenazas en contra de su seguridad personal.

Recibida la comunicación y conocida por el fiscal de derechos humanos que lleva el expediente, el propio fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, pidió de inmediato a la Unidad de Protección de la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección que dispusieran de un esquema de seguridad para garantizar la vida integridad del testigo.

NoticiasRCN.com