Por crisis en la salud, Procuraduría pide a la corte declarar Estado de Cosas Inconstitucional

La procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, solicitó a l presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Según señala la funcionaria en el documento, el Gobierno Nacional ha incumplido los deberes constitucionales y legales relativos a la
planeación presupuestal, financiación y garantía de sostenibilidad del sistema de salud.

RELACIONADO

Ministro de Salud explica por qué UPC para 2025 subió 5,36%

"Ante la vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud y la amenaza de una situación de una violación masiva y generalizada de este derecho por acciones y omisiones del Gobierno nacional y de las entidades administrativas de regulación y supervisión del sector, con desconocimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia T-760-08, y de la Ley Estatutaria de Salud".

Agrega que además, con estos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional de está generando una crisis de prestación y provisión de servicios y
tecnologías en el sector.

¿Qué dice la Procuraduría sobre la UPC?

Para la Procuraduría es claro que las decisiones del Gobierno respecto al sistema de salud en su financiamiento en el cálculo de la UPC, es decir, lo que paga el sistema por cada usuario son equivocadas y están afectando a todos los pacientes específicamente en el derecho fundamental a la entrega de medicamentos, citas con especialistas, atención prioritaria y sobre todo a una salud digna.

RELACIONADO

Continúa controversia por el ajuste de la UPC 2025: Ministerio de Salud y Acemi se pronunciaron

Calificó el tema de la UPC como una decisión política dejar el mismo valor que en el 2024, lo cual podría desencadenar en una insostenibilidad del sistema.

“Adoptar las medidas provisionales urgentes dirigidas al Ministerio de Salud y Protección Social para que en un plazo razonable se corrijan las decisiones equívocas y antitécnicas del exiguo incremento del valor de la UPC para 2025”, dice el documento.

En manos del presidente de la Corte Constitucional está la posibilidad de decretar esta medida solicitada por la Procuraduría que abre las puertas a que se emitan órdenes directas al Gobierno, por ejemplo, en el cálculo de la UPC de manera técnica y no política.

“La Corte Constitucional haga nuevamente valer esos autos en los que ha dicho que hay desempeño bajo, cumplimiento bajo o desacato, que cumpla, que le cumpla al país, a los colombianos, a los pacientes que son la razón de ser de del sistema de salud”, dijo la procuradora delegada.

Seis factores que tuvo en cuenta la Procuraduría para solicitar el Estado de Cosas Inconstitucional

Para el ministerio público están dados los factores para la existencia de un Estado de Cosas
Inconstitucional.

RELACIONADO

Durante 2024 se presentaron cerca de 700 tutelas por salud al día

"Con base en la jurisprudencia existente, la Sentencia T-025 de 200411 sistematizó y destacó seis
factores que la Corte ha valorado en otras ocasiones para definir si existe un Estado de Cosas
Inconstitucional -ECI-, los cuales, a juicio de este organismo de control están dados:"

1. La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas.
2. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos.
3. La incorporación de prácticas y/o procedimientos paralelos y contrarios al ordenamiento jurídico para garantizar la efectividad de los derechos violados.
4. La omisión en la adopción de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de las garantías fundamentales.
5. La existencia de una problemática cuya intervención requiere de la acción conjunta y coordinada de distintas autoridades, de compleja ejecución, duración prolongada y que requiere de esfuerzos presupuestales significativos.
6. El hecho de que, si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.