Procurador dice que proceso de paz no es perverso por sí mismo, ni los críticos son enemigos

El procurador general, Alejandro Ordóñez asegura que el proceso de paz se encuentra en cuidados intensivos, pero no se debe dejar morir para ello hay que aplicarle todos los correctivos necesarios para salvarlo.

El procurador asegura que "para salvar las negociaciones de La Habana hace falta un pacto para acabar con la división social que ha provocado el diálogo con la guerrilla".

Alejandro Ordóñez, habló en su entrevista con el diario El Mundo de España sobre los críticos de los diálogos de paz calificando que "es un error pensar que los críticos están sólo en el 'uribismo'".

Para el Procurador quienes han creado una división social están en "diferentes sectores sociales, políticos, institucionales". 

Por ello "el Ejecutivo debe estar dispuesto a escuchar las críticas y a corregir lo que sea corregible del proceso. Y los críticos deben estar dispuestos a escuchar las explicaciones del Gobierno y a aceptarlas, las que sean razonables. Ni el proceso es perverso por sí mismo ni los opositores son enemigos de la paz".

El proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc desde hace varias semanas ha sufrido altibajos producto de los respectivos ataques que han recibido por parte y parte, lo que para el procurador Ordóñez "es un momento muy grave y muy preocupante", pero de las crisis se deben "extraer enseñanzas para continuar adelante". 

En su diálogo con el diario español, el procurador enumeró una lista de errores que el gobierno y la guerrilla han cometido desde el inicio de los diálogos.

"Por parte de la guerrilla, haber continuado con sus acciones criminales contra la sociedad civil. Pretender o exigir absoluta impunidad frente a los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos. pretender que la mesa de La Habana sea soberana, es decir, que desde allí se pueda condicionar al Estado para que implemente una revolución por contrato".

Y los del gobierno se centran en "no haber exigido a las Farc ninguna condición para iniciar el proceso. Segundo, haber legitimado políticamente a la guerrilla y desconocer que quien se sentaba en la mesa era un ejército diezmado, acorralado y disminuido. El Gobierno está sufriendo el síndrome de Estocolmo, su actitud es de concesión permanente".