Procuraduría dice que Supersalud no cuenta con soportes que respalden intervención a Sanitas

Este miércoles 4 de abril la Procuraduría abrió una investigación al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS Santitas. 

Horas más tarde, una comisión del ministerio público, conformada por delegados de contratación estatal, conciliación administrativa y de temas de salud; llegó a las instalaciones de la Superintendencia de Salud para recoger información que soportó la intervención de Sanitas y Nueva EPS.

El ente de control informó que la Supersalud se negó a entregar el expediente que soporte la decisión, lo cual se traduce en que para este momento no hay documentos que respalden la intervención.

Contexto: Superintendente de Salud denunció irregularidades durante la visita de la Procuraduría

Luis Ramiro Escandón, procurador delegado para la Conciliación Administrativa dijo que “a la fecha no hay un expediente administrativo en donde conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma e intervención, tanto de Sanitas como de la Nueva EPS”.

De igual forma, el funcionario afirmó que cuando la delegación llegó a la sede de la Supersalud, se entregó el acta de visita administrativa firmada por los cuatro funcionarios, la cual era la notificación del procedimiento. Esto en respuesta a Leal, quien había indicado en un video que no se les pudo dar los documentos requeridos debido a que se solicitaron fuera del horario laboral.

Sumado a ello, el funcionario aseveró que le pareció extraño que las preguntas fueran exclusivamente direccionadas a Sanitas, dejando en segundo plano a la Nueva EPS. Dijo además que no recibió notificación escrita de la Procuraduría en la cual se avisara sobre la visita, lo cual correspondería a un procedimiento irregular.

Información adicional solicitada, será entregada a la Procuraduría: Supersalud

El superintendente Luis Carlos Leal, publicó sobre las 10:00 de la noche un video en la red social X en el que indicó que los documentos en los que se encuentran las razones de la intervención a Sanitas y Nueva EPS fueron entregados al ministerio público.

Señaló que información adicional solicitada por la Procuraduría será suministrada el viernes 5 de abril debido a que fue requerida luego de la jornada laboral. Dijo que es compromiso de la entidad entregarla completa, ser transparentes y responsables con los entes de control.

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“(…) la entregaremos el día de mañana, pero no hace parte de los expedientes y la entregaremos el día de mañana en razón de que los funcionarios llegaron a las 4:45 p.m., empezaron a pedir información de después de las 5:00 de la tarde, hora en la que ya había culminado la jornada laboral y que necesitábamos de la presencia de esos trabajadores para conseguir y obtener toda la información que están solicitando”.

Sin embargo, reiteró que no fue notificado de la diligencia porque “si bien es cierto me mostraron el ato del procedimiento, inmediatamente lo pusieron en mis manos, el procurador delegado lo retiró de mi poder. No lo pude leer y jamás firmé un recibido”.

Los motivos que llevaron a que Sanitas fuera intervenida

Los motivos que llevaron a esta decisión, según lo revelado por el superintendente de Salud Luis Carlos Leal, correspondieron a atender las 187 quejas radicadas por los usuarios y la deuda cercana a los tres billones de pesos que tuvo la entidad durante 2023.

La Supersalud entonces decidió intervenida forzadamente, por lo que apartó del cargo a varios directivos de la empresa y nombró a Dúver Discson Vargas como interventor. Además, la entidad se presentó en la sede de Sanitas para llevar a cabo la diligencia.

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La superintendencia realizó el mismo trámite con la Nueva EPS, con mayor número de afiliados en Colombia. Los motivos y diligencias fueron prácticamente iguales que con Sanitas.

Luego que se anunciara esta decisión, el máximo accionista de la EPS, el Grupo Keralty, se pronunció al respecto y le pidió textualmente a la Procuraduría vigilar todo el procedimiento para que se cumplan las respectivas garantías en el proceso. De igual forma, consideró que la intervención forzada fue desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y habría sido un intento de expropiación por parte de Supersalud.