Procuraduría responde a tutela que favoreció a Petro

La Procuraduría presentó su argumentación contra la tutela que suspendió la destitución e inhabilidad dictada a Gustavo Petro.


El procurador Alejandro Ordóñez. Foto: Oficial.

Noticias RCN

enero 15 de 2014
02:25 p. m.
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Con dos escritos la Procuraduría General de la Nación busca dejar sin argumentos la decisión del magistrado José María Armenta, quien al aceptar una tutela ordenó suspender la destitución e inhabilidad que le dictó la entidad al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Según la Procuraduría, el magistrado tomó la decisión basado en una tutela que no presentó el alcalde Petro, cuando debió ser el funcionario quien la presentara, ya que este se encontraba habilitado para defenderse. 
La irregularidad, según el Ministerio Público, estaría en que la tutela fue presentada por un “agente oficioso”, figura que únicamente aplica cuando a quien se le están vulnerando sus derechos se encuentra incapacitado para defenderse. 
La Procuraduría alega que el alcalde había presentado una tutela el pasado 13 de diciembre rechazando la sanción disciplinaria, que en su momento fue fallada en su contra, hecho que según la entidad demostraría que Petro sí se encuentra en condiciones de defenderse.
Este lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una tutela presentada por el ciudadano José Gotardo Pérez, y suspendió la destitución e inhabilidad de 15 años dictada por la Procuraduría al alcalde de Bogotá, en una decisión de tipo provisional. 
Por otro lado, la contralora general, Sandra Morellí, se sumó a las voces que le piden alcalde Gustavo Petro acatar la determinación de la Procuraduría, que es regida por Alejandro Ordóñez. “Según la Constitución y la ley, el señor procurador tiene la facultad de suspender a las
autoridades”.
Además, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, aseguró que el fallo del magistrado Armenta no tiene aplicación práctica, afirmando que por ser una decisión que no se está ejecutando (la inhabilidad y la destitución) no se puede suspender. 
El Ministerio Público también descartó presentar una recusación contra los magistrados que tienen familiares trabajando en empresas pertenecientes a la administración de Bogotá, como es el caso de Armenta, cuya esposa trabaja en la empresa de acueducto de la capital del país. 
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