Reconocida familia de Barranquilla es imputada por contrabando de celulares de lujo

Un juzgado en la ciudad de Barranquilla realizó cinco audiencias, priorizando la discreción, donde se legalizaron múltiples capturas y se solicitaron medidas de aseguramiento para tres miembros de una misma familia de la costa Caribe por presunto fraude fiscal que rondaría cerca de los 157.000 millones de pesos.

Sumado a esto, se le hizo la petición a Interpol para que ubique en España a un cuarto miembro de la familia. A estos se les imputaron los delitos de fraude aduanero, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, y concierto para delinquir con fines de contrabando.

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La Fiscalía General de la Nación, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera señalan que tienen evidencia suficiente para demostrar que esta familia lidera una red que defraudó al Estado mediante una serie de importaciones irregulares de celulares lujosos, así como sus partes y accesorios.

Según reveló El Tiempo, la Dian realizó una visita aduanera a las empresas de la familia, en las cuales no se encontró ni contabilidad ni balances al día. 

Sumado a esto, también fueron allanados los lujosos apartamentos pertenecientes a la familia. Una de las procesadas es Maritza Ruiz de Vargas, una docente de una prestigiosa universidad de Barranquilla,

La mujer ha sido anfitriona de múltiples reuniones sociales en el edificio Girasol, al norte de la ciudad, uno de los lugares más lujosos de la capital del Atlántico.

Fortuna proveniente del contrabando

La mujer y sus hijos se daban una vida de lujos, la cual no iba acorde a los montos que declaraban ante la Dian por la importación de mercancías. Documentos que conoció El Tiempo muestran que la red delictiva ha ingresado celulares de alta gama al país por diferentes aeropuertos, esto con el fin de lavar activos.

“Declaraban ante la Dian precios bajos e incluso hay evidencia de que falsificaban facturas para evadir impuestos”, sostuvo uno de los investigadores del caso en medio de una audiencia.

El modus operandi de esta organización era utilizar siete empresas fachada diferentes, las cuales estaban ubicadas todas en una dirección, y tenían el mismo objetivo social. Mediante estas es que canalizaban el dinero.

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Maritza Ruiz de vargas, conocida como 'la Profe', fungía como la representante legal y accionista mayoritaria en algunas de las empresas. Por su parte, sus hijos también se encontraban vinculados en estas. Álvaro y Miguel Vargas Ruiz fungían como subgerente y encargado de realizar giros al exterior,