Según HRW, gobierno Santos busca garantizar la impunidad

La ONG internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch presentó su informe sobre derechos humanos a nivel mundial, señalando en el capítulo que trata sobre Colombia cómo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha adoptado políticas, que según el organismo, están pensadas para garantizar la impunidad. 

“El gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes”, dice el informe. 

En el escrito también se afirma que las guerrillas de las Farc y el ELN continúan cometiendo graves abusos contra la población civil “incluidos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños como soldados y uso de minas antipersonal”.

Además, el informe también habla del remanente paramilitar, afirmando que el proceso de desmovilización que se realizó durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo “graves falencias y tras lo cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron

conformando nuevos grupos”. 

“Los grupos sucesores de paramilitares, que en muchos casos son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, cometen abusos generalizados contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual y desplazamiento forzado”, se agrega en el subtítulo sobre paramilitarismo.

Aunque la ONG también reconoce que se han realizado “notables avances” cuando se refiere a la labor de la Fuerza Pública contra los cabecillas de las organizaciones neoparamilitares, afirma que estos resultan insignificantes ya que no se desmonta la estructura delincuencial. 

“A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares (…) estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la

connivencia de miembros de la fuerza pública local”.

En el informe también se cuestiona la labor de la Procuraduría General de la Nación.  “La Procuraduría exoneró de cargos disciplinarios a varios exlegisladores cuya responsabilidad penal por  colaborar (con paramilitares) había sido establecida anteriormente”.

De igual forma, en el reporte de la ONG también hay un aparte que habla de los señalamientos que ha recibido el expresidente Uribe por sus supuestos nexos con paramilitares.