Ataque sicarial en Sincelejo: en medio de un evento de campaña asesinaron a uno de los asistentes

En medio de un evento de campaña política de un candidato a la Alcaldía de Sincelejo se presentó un ataque sicarial en contra de uno de los asistentes. El cuerpo de la víctima quedó en una vía pública del barrio San Antonio. Este hecho generó terror entre miembros de la comunidad que corrieron a buscar refugio, mientras tanto, las autoridades buscan a los responsables de crimen.

Otro ataque a un espacio de encuentro político en Valle del Cauca 

Pero la violencia contra los candidatos traspasa fronteras. En Valle del Cauca el panorama es preocupante. La Escuela Iberoamérica de Innovación Política y Social fue blanco de ataque. Un hombre disparó en seis oportunidades contra el lugar en el que se dan encuentros entre diferentes funcionarios. 

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Todos estos hechos se suman al asesinato de Claudia Ordoñez, excandidata al Concejo de Jamundí y líder social que se dedicaba a defender los derechos humanos y del territorio. La funcionaria fue atacada con arma de fuego junto a su esposo, quien también falleció a pesar de ser trasladado a un centro médico.

Por su parte, William Peñaranda, candidato a Alcaldía del municipio de El Charco, en Nariño, que fue víctima de un atentado en medio de un evento de campaña, ya está fuera de peligro y fue dado de alta en recientes horas. El político ya había denunciado ser víctima de amenazas.

Alerta de la Defensoría sobre riesgo electoral en Colombia

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana electoral sobre 399 municipios del país que se encuentran en riesgo extremo y alto por hechos de violencia que puedan afectar los comicios del 29 de octubre. En este listado aparece Valle del Cauca con zonas como Buenaventura, Jamundí y Tuluá. “Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca, Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá, con cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz”, dice la entidad. 

Por este motivo, la Defensoría pidió al Gobierno Nacional acciones articuladas de toda la institucionalidad del Estado para evitar que las advertencias sigan materializándose, como ha ocurrido hasta el momento.

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