Una empresa petrolera resulta salpicada por escándalo de corrupción en la Corte Constitucional

Una empresa llamada Fidupetrol, que hoy está en liquidación, sería clave en la denuncia hecha contra el presidente de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, ya que se le señala de haber pagado sobornos al magistrado para que fallara una tutela a su favor. 

Esta historia se inicia el pasado viernes en la Corte Constitucional, luego que uno de sus integrantes, el magistrado Mauricio González Cuervo, dio a conocer que había radicado ante la Comisión de Acusaciones una solicitud para que se investigara a su colega y presidente de esa corporación judicial, Jorge Ignacio Pretelt.

En el documento de tres páginas, el magistrado González Cuervo indicó que le ha llegado información por parte de un abogado de nombre Víctor Pacheco, sobre un supuesto cobro de dinero que habría hecho el magistrado Pretelt para fallar una tutela.

Sin embargo, la petición también fue hecha por el mismo Jorge Ignacio Pretelt, quien también radicó un documento ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en el que narró que: “dentro del proceso de revisión de tutela donde son intervinientes la Fiduciaria Petrolera, S.A. y la Corte Suprema de Justicia sucedieron varios hechos”.

A continuación los 15 puntos que el magistrado Pretelt desglosó,  donde contó a la Comisión la génesis del supuesto dinero exigido en la tutela:

1. El 12 de febrero de 2009, la Fiscalía General de la Nación, abrió investigación formal contra el exgobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez Suarez.

2. El 21 de junio de 2012, se dispuso la dentención preventiva del exgobernador como posible autor de los delitos contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en concurso homogéneo y heterogéneo con el delito de peculado por apropiación.

3. El 21 de diciembre de 2010, se vinculó como terceros civilmente responsables a Fidugraria S.A. y Fidupetrol S.A.

4. Contra la anterior decisión el apoderado de Fidupetrol interpuso recurso de reposición argumentando que no existió relación alguna entre la fiduciaria y la gobernación de Casanare; la extinción de la acción civil por novación; la ausencia del nexo causal entre la conducta investigada y la conducta de la Fiduciaria; el desconocimiento de la Gobernación de sus propios actos, ya que no obró de buena fe en el negocio; la existencia de una causal de rechazo de la demanda, pues lo mismos perjuicios están siendo cobrados en un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría; la falta de legitimación, al no existir relación entre el delito y la sociedad; y la falta de prueba de la representación legal. 

5. El recurso fue resuelto desfavorablemente mediante resolución 12 de septiembre de 2011.

6. El apoderado de Fidupetrol, continuó alegando su desvinculación del proceso.

7. Luego de surtida la investigación la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia y declaró la responsabilidad penal del exgobernador de Casanare. Respecto de Fidupetrol, se condenó como tercero civilmente responsable al pago solidario a favor de la Gobernación de Casanare la suma de 22.500.000.000 millones de peso.

8. El apoderado de Fidupetrol, interpuso acción de tutela contra la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

9. En primera instancia la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, declaró la improcedencia de la acción de tutela, bajo el argumento de que el accionante no alegó dentro de las oportunidades procesales pertinentes los defectos.

10 En segunda instancia la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ratificó la decisión.

11. Posteriormente la Corte Constitucional seleccionó para su revisión la referida tutela, en una sala conformada por los magistrados Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas, sin que se hubiera presentado insistencia.

12. El conocimiento de dicha revisión, le correspondió al magistrado ponente Mauricio González Cuervo quien decidió llevar a sala plena el estudio de la misma.

13. La ponencia del magistrado Mauricio González cuervo fue negativa, a las pretensiones del accionante, quien estaba representado por el abogado Victor Pacheco.

14. Al someterse a votación de la Sala Plena la mencionada tutela, por unanimidad los magistrados de la Corporación, incluyendo el suscrito, aprobamos la ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, denegando en su integridad las pretensiones del accionante.

15.  Recientemente fui abordado por el magistrado Mauricio González Cuervo, quien me manifestó que el señor apoderado del accionante, Victor Pacheco, lo había visitado en su despacho para señalar que se dieron manejos turbios en el trámite de la tutela. De acuerdo a lo relatado por el magistrado Mauricio González, el abogado me sindica directamente de haber solicitado dádivas por el voto del magistrado González lo cual es completamente falso.

16. Ante la gravedad de los hechos debo señalar que no participé en la selección de la referida tutela, voté en contra de las pretensiones del accionante, jamás tal cual lo reconoce el magistrado Mauricio González, le hice comentario alguno, defendiendo los intereses del accionante.

Por esta razón, aseguró el magistrado que él mismo pidió a la Comisión que se abra una indagación preliminar para que se esclarezcan los hechos mencionados.

De otra parte según fuentes del alto tribunal, no sólo el magistrado Mauricio Gonzalez Cuervo tenía conocimiento de lo sucedido, sino también los magistrados Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza.