Venezuela tiene intereses económicos en zona limítrofe: analistas

Venezuela tiene intereses económicos puntuales en la zona marítima que está en disputa con Colombia y que este lunes generó una firme reacción de la canciller colombiana, María Ángela Holguín. Para expertos en tema, el decreto de delimitación expedido por el Presidente Nicolás Maduro tiene como fin mantener la injerencia de la nación vecina sobre una zona que supuestamente tiene vastas reservas de petróleo y gas. 

Los conocedores, revelan que la zona marítima es disputa con Venezuela cuenta con una ubicación estratégica pues sirve de enlace entre el Lago de Maracaibo y el Mar Caribe, donde existen reservas de petróleo y gas natural.

La analista Marcela Prieto explica mucho del petróleo que está en ese punto es una suerte de reserva, lo que, para ella, revela las intenciones del Gobierno de Nicolás Maduro, al exigir soberanía sobre esta zona a Colombia y a Guyana, país con el que existe la misma disputa que con Colombia.

“Ese es el interés puntual que tiene Venezuela con Guyana, obviamente el trasfondo de este interés tiene que ver con la explotación petrolera. Venezuela busca tener espacio territorial, injerencia económica porque tiene un interés en el petróleo que presumiblemente está allí”.

Por su parte, el senador Jimmy Chamorro, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, asegura que lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es un acto “unilateral y autónomo” aunque lo calificó de “arbitrario”. Sin embargo, agregó que de cara a al derecho internacional, esta acción no tiene ningún fundamento.

“Desde el punto de vista estrictamente legal, este acto no tiene un fundamento legal en el derecho internacional. Ahora, el decreto 1787 expedido por Maduro es contradictorio, pero tiene elementos que preocupan a los colombianos, por ejemplo, reconoce que hay zonas que se deben delimitar, pero las acciones del Estado venezolano solo podrán tomarse cuando haya un acuerdo amistoso con los países vecinos. Esto es contradictorio porque no es un acto amistoso sino un acto de agresión contra Colombia”.

Chamorro agregó que es posible que el presidente Maduro reverse esta decisión luego de que se conociera la nota de protesta de la Cancillería colombiana.

“En el derecho internacional las cosas se deshacen como se hacen. El presidente Maduro ha expedido un decreto arbitrario, sin validez alguna. Es que este tipo de decisiones debe ser a través de acuerdos bilaterales. Y Colombia ha estado muy abierta a este tema 1990, cuando se activó una comisión negociadora que fue suspendida por Chávez antes de su fallecimiento”.

Finalmente, el senador dice que la Nación debe mantener la calma y esperar a la respuesta oficial de Venezuela a la nota de protesta y agregó que la Cancillería ha actuado bien y que lo que resta es mantener la sensatez.

“Colombia debe actuar con sensatez y hay que esperar la respuesta de Maduro a la nota de protesta de la Cancillería. Hay que tener en cuenta que el Presidente de Venezuela también está en este problema con Guyana, así que este decreto es a dos bandas”. 

Por otro lado, los analistas afirmaron que Maduro busca distraer a los ciudadanos de su país, creando una disputa con Colombia, de los problemas internos que tienen que lidiar los venezolanos todos los días como el desabastecimiento de  alimentos.

"Eso lo hacen los regímenes que tienen dificultades al interior, que busca un enemigo externo para fortalecer la opinión pública en torno al Gobierno y superar así las dificultades que la crisis interna ha generado para ese Gobierno", expresó el analista Juan Manuel Charry en diálogo con RCN La Radio.

De forma similar se pronunció el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. “La dictadura de Maduro ha expedido un decreto invasivo del mar de Colombia como cortina de humo a la crisis de Venezuela (…) lo que busca es despertar allá sentimiento anticolombiano en vísperas electorales”.

Colombia informó el domingo que había presentado una "nota de protesta" ante Venezuela pidiéndole que adopte "las medidas necesarias para corregir el Decreto Nº 1787", dictado el 26 de mayo, que delimitó a nivel marítimo cuatro zonas operativas para reforzar la defensa venezolana.

Las delimitaciones establecidas por Caracas comprenden aguas del Golfo de Venezuela -al que Colombia denomina Golfo de Coquivacoa-, en el área de La Guajira, zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan desde hace décadas un diferendo por límites marítimos.

La canciller dijo que entregó personalmente la nota de protesta al embajador venezolano en Bogotá, Iván Rincón, tras sostener el miércoles pasado una conversación telefónica con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez.

"Pedimos que se retracten del decreto en lo que tiene que ver con las coordenadas que son áreas que están en discusión y en disputa con Venezuela, que no se ha llegado a un acuerdo después de muchas décadas (...). Les pedimos que rectifiquen ese decreto específicamente", indicó Holguín.

Afirmó que en el decreto venezolano no reconoce incluso "unas coordenadas que tienen que ver con Castilletes, donde ya había habido un acuerdo de la comisión mixta demarcadora que se reunió en el año 2007".

La canciller explicó que Bogotá espera una respuesta de Caracas y que seguirá manejando los asuntos limítrofes con su vecino en el ámbito bilateral, no multilateral.

"Nosotros estamos convencidos que estas diferencias con los países se deben mantener en lo bilateral, lo vamos a mantener a nivel diplomático. Estamos convencidos que Venezuela debe responder y esperamos que responda esta nota de protesta lo más pronto posible", señaló la ministra.

Colombia enfrentó recientemente otra demanda por límites marítimos con Nicaragua. En noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia de La Haya reconoció la soberanía de Bogotá sobre las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le otorgó a Managua al menos 75.000 km2 de territorio marítimo.