Zuluaga sugiere consulta popular sobre fallo de La Haya

El candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, dijo que si es elegido, convocaría a los colombianos a una consulta popular. El objetivo, definir si se acata el polémico fallo de La Haya que le quita a Colombia 75.000 kilometros cuadrados de mar.

Según Zuluaga, su iniciativa "carece de un ánimo belicista frente a Nicaragua y parte del propósito de conservar las tradicionales buenas relaciones que se tienen con el pueblo de ese país".

El candidato uribista para las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo subrayó que su propuesta "abre caminos de diálogo y entendimiento" con Nicaragua.

Zuluaga hizo la propuesta luego de una reunión que mantuvo con una delegación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que fue a Bogotá para denunciar la situación que viven luego del fallo de La Haya que recortó el mar territorial colombiano.

En una sentencia del 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Holanda), redefinió los límites marítimos entre los dos países y le otorgó a Nicaragua unos 75.000 kilómetros cuadrados de una zona rica en pesca y otros recursos naturales que ha pertenecido a Colombia.

El Gobierno colombiano ha reiterado que dicho fallo es "inaplicable" porque los límites del país sólo pueden ser modificados por tratados aprobados por el Congreso y no por fallos de tribunales internacionales.

Zuluaga explicó que en el fallo de La Haya se desconoce el meridiano 82 como límite marítimo y por ende el Tratado Esguerra-Bárcenas, suscrito por Colombia y Nicaragua en 1928.

El compañero de fórmula presidencial de Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, explicó que la consulta popular propuesta es un mecanismo contemplado en la Constitución Nacional para que todos los ciudadanos "manifiesten su posición frente a una decisión que es inaplicable porque está viciada en su razonamiento jurídico".

Zuluaga se comprometió con los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a realizar todas las acciones necesarias para su defensa y brindarles "todas las condiciones dignas en materia de servicios públicos, salud, educación y desarrollo de su actividad productiva".