Al menos 18 muertos dejan amotinamientos en dos cárceles de Ecuador

En Ecuador se elevó a 18 el número de muertos que dejan amotinamientos simultáneos en dos cárceles del país, donde además se reportaron más de cincuenta heridos, entre ellos policías, según el último balance de las autoridades.

En la penitenciaría del litoral, en la costera provincia de Guayas, los enfrentamientos dejaron "un saldo de 8 internos fallecidos y 3 agentes de la Policía Nacional heridos", dijo el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad en un comunicado divulgado bien entrada la noche del miércoles.

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Agregó que en la cárcel de Cotopaxi hay "10 PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas, alrededor de 35 PPL heridas y 6 agentes de la Policía Nacional heridos".

En principio, el SNAI había reportado ocho muertos en Guayas y una veintena de heridos en Cotopaxi.

El ente señaló que los agentes heridos en la penitenciaría del litoral se encuentran "estables" en hospitales y que grupos élite de la Policía "retomaron el control" en las prisiones.

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Las cárceles de Guayas y de Cotopaxi fueron dos de las cuatro prisiones en las que se produjeron sangrientas revueltas simultáneas en febrero, con saldo de 79 reclusos muertos y una veintena de heridos, incluidos policías.

Los incidentes de febrero dejaron escenas aterradoras como cuerpos decapitados y revelaron el poder de las mafias del narcotráfico en las sobrepobladas prisiones locales.

La semana pasada los uniformados detuvieron a una persona que intentó ingresar a la cárcel de Guayaquil fusiles, pistolas, explosivos y municiones.

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Ecuador tiene alrededor de 60 cárceles con capacidad para albergar a 30.000 personas, pero en la actualidad ahí cohabitan cerca de 39.000 reclusos bajo la custodia de unos 1.500 guardias. Según expertos, se necesitan 4.000 custodios para ejercer un control efectivo de las cárceles.

El índice de hacinamiento en las prisiones del país bordea el 30%. En 2020, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, hubo 103 asesinatos en las cárceles.

Para intentar frenar la violencia carcelaria, el gobierno del expresidente Lenín Moreno, que concluyó en mayo pasado, decretó el estado de excepción en algunas ocasiones. La última medida estuvo vigente hasta noviembre del año anterior.