Gobierno venezolano abrirá los archivos de inteligencia de la 'Cuarta República'

Venezuela abrirá los archivos de los cuerpos de inteligencia y seguridad en el marco de una investigación del presunto "terrorismo de Estado" que el Gobierno atribuye a las administraciones que se alternaron el poder entre 1958 y 1998, anunció la fiscal general, Luisa Ortega.

La decisión se dio a conocer tras un encuentro entre el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y Ortega, que encabeza la Comisión por la Justicia y la Verdad, encargada de llevar adelante la investigación.

En declaraciones a periodistas luego de la reunión, Ortega calificó la decisión como un "evento histórico" y señaló que la apertura de los archivos representa un "salto positivo hacia adelante" en la investigación de los presuntos crímenes.

"El ministro ha ordenado abrir los archivos (...) a la orden para toda la comisión", afirmó Ortega para luego agregar que se dispuso también el resguardo inmediato de los archivos para evitar que "desaparezca" alguna documentación.

La decisión involucra a los archivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) y de los órganos de inteligencia Digepol y la Disip, predecesores del actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

También se abrirán los archivos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), precisó la fiscal.

Ortega ha dicho que existen 1.635 casos denunciados de desapariciones por motivos políticos durante los 40 años de lo que el gobierno chavista denominó IV República, en alusión al periodo que va desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, al primer triunfo electoral de Hugo Chávez, en 1998.

El chavismo sostiene que esa época se caracterizó por administraciones que guardaban una fachada democrática pero que se repartían el poder entre ellas y gobernaban de espaldas al pueblo, sin distribuir la enorme riqueza petrolera de Venezuela.

La Fiscalía General emitió en mayo órdenes de prisión contra supuestos responsables de violaciones a los derechos humanos, afirmando que en ese período la tortura y el asesinato de militantes de izquierda era una política de Estado.