HRW pide a Brasil retomar el control de su sistema penitenciario que está "en manos de criminales"

"El fracaso absoluto del Estado en ese sentido viola los derechos de los presos y es un presente en manos de las facciones criminales, que usan las prisiones para reclutar a los integrantes", denunció en un comunicado la directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu.

La lucha entre clanes rivales provocó la muerte violenta de 60 personas en dos cárceles de Manaos, capital del estado de Amazonas, entre el 1 y de 2 de enero.

Tan sólo en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) se registraron 56 de las 60 muertes, con decapitaciones y mutilaciones grabadas a través de los teléfonos móviles de algunos reos.

HRW recordó que en octubre del año pasado otras 22 personas fallecieron en prisiones de los estados de Rondonia, Roraima y Acre, todos ellos en la región norte del país, y recordó que, en base a la legislación brasileña, el Gobierno tiene la obligación de proteger a los presos que están bajo la custodia del Estado.

Para la organización, el hacinamiento en las cárceles y la escasez de personal hacen que sea "imposible" que las autoridades penitenciarias ejerzan el control dentro de muchas prisiones, "dejando a los presos vulnerables a la violencia y a los presos de las facciones".

"Mientras el Estado no garantice la seguridad a los presos, las facciones continuarán creciendo, perjudicando la seguridad dentro y fuera de los muros de las prisiones", recalcó Canineu.

HRW señaló que la población carcelaria creció un 85 % entre 2004 y 2014 y destacó que el 40 % de los presos están a la espera de juicio, conviviendo junto a reos condenados.

A su juicio, Brasil debería combatir la superpoblación en los presidios agilizando el proceso judicial de todas las personas presas, así como reformar su política en relación a las drogas, que "potenció el crecimiento de las organizaciones criminales".

"También lleno las cárceles de personas detenidas por pose de pequeñas cantidades de drogas, dejándolas vulnerables al reclutamiento de las facciones criminales", destaca HRW.

La Asociación de Jueces para la Democracia (AJD), Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos también criticaron la "omisión" del Estado en lo que consideraron como una "tragedia anunciada".

La matanza de presos en el Compej fue la segunda mayor en la historia del sistema carcelario de Brasil, después de Carandirú, como se conoce la masacre que en 1992 de 111 reos en un presidio de Sao Paulo.

La policía informó la víspera de que 30 de 36 cuerpos que habían sido identificados hasta la noche del martes habían sido decapitados, lo que demuestra la crueldad de la matanza.