Inicia en La Haya el proceso de exposición de argumentos en diferendo con Nicaragua

Este lunes, 20 de septiembre, comienza un proceso clave para la resolución del diferendo diplomático entre Nicaragua y Colombiapor la soberanía sobre territorios marítimos en el caribe.

El proceso, que inicia su etapa audiencias orales se surte ante la Corte Internacional de Justicia, ente internacional que examinará los argumentos de los dos Estados frente a la denuncia interpuesta por Nicaragua, referida a la supuesta violación, por parte de Colombia, del Derecho Internacional, al haber adelantado algunas operaciones navales, las cuales iban encaminadas a la defensa de los habitantes del archipiélago de San Andrés, y de su población raizal.

De acuerdo con la Armada, las operaciones denunciadas por Nicaragua también estaban encaminadas en el cumplimiento de deberes internacionales de Colombia, enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la denominada Reserva Biósfera Seaflower en un territorio en que el país arroga derechos y deberes en virtud de un decreto que establece la Zona Continua Integral del archipiélago, referida a territorios marítimos adjuntos a los territorios insulares sobre los que ejerce actualmente soberanía. 

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Previo al inicio de la mencionada etapa de audiencias orales ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), el proceso cumplió la fase denominada de excepciones preliminares, iniciada en 2016, en la que Colombia logró que no fuese acogida una denuncia de Nicaragua en la que argumentaba que Colombia habría violado el Derecho Internacional al amenazar con el uso de la fuerza.

Durante dicha etapa, los abogados de la defensa internacional de Colombia interpusieron a su vez una contrademanda en la que se argumenta que Nicaragua ha pasado por alto o desconocido la existencia de “derechos tradicionales de pesca de los habitantes de San Andrés”, impidiendo que poblaciones raizales puedan acceder a territorios marítimos vitales para su supervivencia en tanto contienen los bancos de peces vitales para la pesca, como una de las actividades económicas y vitales de dicho grupo poblacional.

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Dichas actitudes atentarían contra el derecho consuetudinario, referido al que, pese a no estar establecido oficialmente por leyes y tratados, deriva de la costumbre de los pueblos. 

Según Colombia, dicha situación se desprende de la expedición de un contrato opuesto al Derecho Internacional en el que establece puntos y referencias geográficas a partir de las cuales mide sus territorios marítimos, y con ello, arrogarse derechos sobre aguas que actualmente son dominio colombiano, e incluso de otros países vecinos. 

De acuerdo con lo explicado por la Cancillería colombiana, dicha contrademanda también será evaluada durante las audiencias que darán inicio este 20 de septiembre, donde, si bien no se emitirá un fallo, de momento si se surtirá el proceso de escucha de los argumentos aducidos por las partes, y en próximos meses, se emitirá el veredicto definitivo. 

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Carlos Gustavo Arrieta, miembro del equipo defensor explicó que durante la presente jornada se espera que Nicaragua presente sus descargos, señalando que es normal que ese país llegue a afirmar que Colombia ha incumplido el fallo de la corte, y llamando a quienes escuchen los descargos para que “no se angustien”, y explicando que el turno de exponer sus argumentos será el próximo miércoles, advirtiendo que después comenzará una etapa de debate entre las dos delegaciones.

“Tenemos argumentos muy sólidos”, afirmó Arrieta, señalando que la defensa colombiana trabaja en el caso desde hace 3 años, y revelando que se tienen documentados todos los escenarios que alegará Nicaragua como presuntas violaciones.

“Este no es un caso de incumplimiento de acuerdo, es un caso donde vamos a hacer valer derechos que nos da el Derecho Internacional y que ellos pretenden desconocer”, dijo el delegado.

Sobre los sectores que advierten que Colombia podría perder territorios como efecto del arbitraje del diferendo, Manuel José Cepeda, miembro del equipo defensor de Colombia, explicó que “no está en juego ni la soberanía sobre las islas, la plataforma continental, la Zona Económica Exclusiva de Colombia”, afirmando que “lo que está en juego es si Colombia ha violado derechos de Nicaragua, o si por el contrario es Nicaragua la que ha violado derechos a las comunidades raizales”.