Jueza de EE. UU. exigió al gobierno de Trump justificar el recorte de fondos a Harvard

Durante una audiencia, la magistrada interrogó al representante legal del Ejecutivo sobre los argumentos para vincular el recorte presupuestal con la supuesta falta de acción de la universidad frente a incidentes de antisemitismo en el campus.


La nueva prohibición de Trump a estudiantes extranjeros de Harvard
Foto de archivo

Noticias RCN

julio 21 de 2025
07:13 p. m.
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Una jueza federal de Estados Unidos exigió este lunes al gobierno del presidente Donald Trump explicar por qué decidió retirar más de 2.000 millones de dólares en fondos federales a la Universidad de Harvard, una medida que ha generado tensiones legales y políticas de alto perfil.

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Durante una audiencia en Boston, la magistrada Allison Burroughs interrogó al representante legal del Ejecutivo sobre los argumentos para vincular el recorte presupuestal con la supuesta falta de acción de la universidad frente a incidentes de antisemitismo en el campus.

El gobierno de Trump ha acusado a la institución de no garantizar la seguridad de estudiantes judíos e israelíes, lo que, según afirma, justifica las sanciones económicas.

Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, presentó en abril una demanda contra la administración republicana, alegando que las acciones del gobierno constituyen “represalias inconstitucionales”.

La institución también alertó que la congelación de recursos ya ha provocado la suspensión de investigaciones clave en salud pública y medicina, poniendo en riesgo avances científicos que podrían impactar directamente en la vida de los estadounidenses.

Aunque el fallo de la jueza aún no se ha emitido, el presidente Trump lanzó duras críticas contra Burroughs, quien fue nombrada por el expresidente Barack Obama, y calificó el proceso como una “vergüenza”, sugiriendo sin pruebas que el caso ya estaba “arreglado” en su contra.

“Harvard tiene 52.000 millones de dólares en el banco y, sin embargo, son antisemitas, anticristianos y antiestadounidenses”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

En su demanda, Harvard acusa al gobierno de Trump de intentar ejercer control político sobre las decisiones académicas, desde la contratación de profesores hasta las políticas de diversidad e inclusión.

La universidad sostiene que el recorte de fondos no responde a preocupaciones reales de seguridad, sino a una campaña ideológica que busca influir en la autonomía universitaria.

Además de Harvard, la Asociación Americana de Profesores Universitarios también presentó una acción legal contra el gobierno, y ambas demandas fueron consolidadas y abordadas en la audiencia del lunes.

Trump ha buscado trasladar el caso del tribunal federal de Massachusetts a la Corte Federal de Reclamaciones, ubicada fuera del entorno académico, pero por ahora el litigio continúa en Boston, a pocos kilómetros del campus de Harvard en Cambridge.

El conflicto también ha tocado temas sensibles como la presencia de estudiantes internacionales, que representan el 27 % del alumnado de Harvard.

En junio, la Casa Blanca emitió una orden para suspender temporalmente la entrada de nuevos estudiantes extranjeros y permitir la revocación de visas, aunque esta medida fue posteriormente bloqueada por un juez.

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Además, el gobierno solicitó a Harvard entregar registros de estudiantes presuntamente implicados en protestas propalestinas ocurridas el año pasado, las cuales la administración de Trump considera expresiones de antisemitismo.

La presión se ha extendido incluso al organismo encargado de acreditar a la universidad, al que se le ha sugerido revocar la acreditación académica por presuntas violaciones a leyes federales de derechos civiles.

El caso Harvard vs. gobierno Trump se ha convertido en un símbolo del enfrentamiento entre la autonomía universitaria y la intervención política.

Mientras la administración republicana sostiene que sus acciones buscan proteger a los estudiantes judíos, la universidad argumenta que se trata de una campaña de represalias y censura, que podría sentar un peligroso precedente para la libertad académica en Estados Unidos.

Por ahora, ambas partes esperan la decisión de la jueza Burroughs, que deberá determinar si el litigio se resuelve de manera sumaria o si el caso irá a juicio.

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