La ONU condenó la persecución religiosa en Nicaragua y el acoso a las familias de los activistas
Un informe de la ONU documentó expulsiones de sacerdotes, cierre masivo de entidades religiosas y detenciones arbitrarias bajo el régimen de Daniel Ortega.
Noticias RCN
05:50 p. m.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó la persecución religiosa en Nicaragua y el acoso sufrido por las familias de los activistas. En un informe reciente, la organización documentó una serie de acciones represivas por parte del gobierno nicaragüense que han afectado tanto a la comunidad religiosa como a los opositores del régimen.
Según el informe presentado por Christian Salazar, director de operaciones y cooperación técnica de la oficina, en el último año se expulsaron 42 sacerdotes y seminaristas, y desde 2018 se han cerrado al menos 1.103 entidades religiosas.
ONU denunció ataque sistemático contra organizaciones religiosas
El informe de la ONU denunció que estas acciones constituyen un "ataque sistemático contra las organizaciones religiosas" por parte de las autoridades nicaragüenses.
Además de las expulsiones, el cierre masivo de instituciones religiosas dejó a miles de personas sin acceso a servicios esenciales, generando una crisis social y económica en el país. El informe detalló que solo en un día del pasado mes de agosto se ordenó el cierre de 1.500 organizaciones, de las cuales 700 eran religiosas. Desde 2018, se han cerrado más de 5.000 entidades.
Salazar señaló que el régimen de Daniel Ortega adoptó una política de cancelación de la personalidad jurídica de diversas organizaciones, intensificando así la persecución y represión tanto hacia los opositores como hacia las instituciones religiosas.
Detenciones arbitrarias agravan crisis en Nicaragua
El informe también documentó casos de detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes, desapariciones forzadas y torturas. Además, la modificación reciente del Código Penal y la ley contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo agravaron aún más la represión, afectando especialmente a los nicaragüenses en el exilio y a los extranjeros.
Actualmente, 141 personas continúan retenidas tras detenciones arbitrarias, aunque la semana pasada 135 fueron liberadas y desterradas a Guatemala. También señaló la salida forzada de Nicaragua de 11 periodistas en julio y la prohibición de al menos 62 nicaragüenses de regresar a su país desde junio de 2023 hasta el mismo mes de 2024.
En respuesta a las acusaciones del informe, Wendy Morales, representante de la procuraduría general de Nicaragua, acusó a los autores del informe de "descalificar y denigrar de manera infame a nuestras autoridades e instituciones nacionales."
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