Lamia, a través de un comunicado, lamentó el accidente aéreo

En el primer pronunciamiento oficial, la aerolínea expresó su pesar por la muerte de las 71 personas que viajaban en su avión.

Lamia afirmó que colabora con las investigaciones de las autoridades colombianas y bolivianas y se comprometió a comunicarle a la opinión pública cualquier novedad.

Las dudas sobre el proceder de la empresa crecen. La Fuerza Aérea boliviana informó que desde 2014 no se le realizaban ajusten técnicos al avión siniestrado en Antioquia.

"Hemos encontrado nosotros indicios de posibles incumplimiento de deberes, incumplimiento de control interno, posiblemente uso indebido de influencias y omisión de denuncia", afirmó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Milton Claros.

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de La Paz, tras la tragedia, fue destituir esta semana a las principales autoridades de las estatales Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la operadora de aeropuertos Aasana, tras versiones de que la nave nunca debió realizar ese vuelo directo desde Santa Cruz hasta Medellín.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible a poco de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín, donde tenía que llegar el equipo brasileño Chapecoense para el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.

Lamia dijo en Bolivia que la nave, un BA-146 modelo RJ85, debió haber hecho reabastecimiento de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar su ruta a tierras colombianas.

El ministro Claros señaló que la investigación del gobierno busca saber cómo la nave hizo vuelo directo ese día, sin tener la suficiente autonomía de vuelo, y cómo obtuvo autorización para operar en Bolivia con un único aeroplano.

"Amerita sanciones drásticas al interior, en Bolivia, (y) las vamos a tomar, porque es un tema penal, porque se han sacrificado más de 70 personas en este tema, por una inacción, una irresponsabilidad, al cumplimiento de la normativa", aseguró.

Claros identificó al empresario venezolano Ricardo Albacete como dueño del avión siniestrado, aunque la empresa como tal es boliviana. 

También -señaló- llama la atención que Steven Vargas, un funcionario clave de la DGAC boliviana, sea el hijo del director general de Lamia, el general de aviación Gustavo Vargas. 

Steven Vargas fue destituido, dijo el ministro.

El general Vargas también fue piloto de Evo Morales, aunque el gobierno negó cualquier vínculo.

En la nave habían nueve tripulantes: siete bolivianos, un paraguayo y un venezolano. Dos de los bolivianos sobrevivieron, junto a cuatro brasileños.