Muertes bajo custodia de ICE alcanzan su tasa más alta, según informe de Human Rights Watch

Durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Donald Trump, al menos 52 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de acuerdo con un informe publicado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights.

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El documento sostiene que la tasa de mortalidad ha aumentado de forma significativa y plantea preocupaciones sobre la calidad de la atención médica, la supervisión institucional y la falta de transparencia de la agencia.

El informe, titulado "Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos", tiene 73 páginas y presenta un análisis estadístico y médico de las muertes ocurridas bajo custodia de ICE. Las organizaciones concluyen que el incremento coincide con un aumento del número de personas detenidas y con el desmantelamiento de mecanismos internos de supervisión dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué revela el informe sobre las muertes bajo custodia de ICE?

Según Human Rights Watch, entre el 1 de octubre de 2015 y el 4 de junio de 2026 se realizó un análisis cuantitativo de las muertes bajo custodia de ICE para evaluar la evolución de la tasa de mortalidad. Por su parte, Physicians for Human Rights examinó médicamente las 39 muertes registradas durante el primer año del segundo mandato de Trump utilizando la limitada información disponible públicamente.

El documento señala que durante ese mismo periodo el número de personas detenidas por ICE aumentó un 77 %, al pasar de aproximadamente 40.000 a más de 71.000 personas. Paralelamente, la tasa de muertes bajo custodia aumentó un 140 %. Además, las organizaciones sostienen que ICE proporciona información tan limitada al Congreso, a las familias y al público que una supervisión efectiva resulta prácticamente imposible.

¿Qué recomendaciones hacen Human Rights Watch y Physicians for Human Rights?

El informe también expone el caso de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, quien murió bajo custodia de ICE en 2025 después de haber sido diagnosticado con Covid-19 y permanecer 12 días en aislamiento. De acuerdo con las organizaciones, su familia solicitó acceso a la información relacionada con su detención, tratamiento y fallecimiento mediante mecanismos legales, pero a comienzos de mayo de 2026 aún no había recibido información adicional.

Human Rights Watch y Physicians for Human Rights concluyen que el Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deberían reducir el número de personas sometidas a detención, garantizar una atención médica adecuada y establecer mecanismos independientes de supervisión. Entre las recomendaciones también figuran investigaciones obligatorias de cada muerte bajo custodia, la publicación de revisiones de fallecimientos e informes de autopsia, así como sanciones para ICE en caso de incumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Las organizaciones sostienen además que las muertes registradas bajo detención migratoria podrían apuntar a posibles violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura, al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas bajo su custodia y garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.