Nueva huelga nacional busca paralizar Argentina

Con suspensiones de rutas arrancó este jueves en Argentina la segunda huelga nacional del año, convocada por las tres centrales obreras opositoras a la presidenta Cristina Kirchner, que buscan paralizar el país en demanda de mejoras salariales, en momentos en que la economía está en declive.

El gobierno sostiene que los sindicatos opositores que lanzaron esta huelga, y prometen más acciones de fuerza para septiembre, tienen fines políticos.

Bloqueos a los accesos principales a Buenos Aires y al centro de la capital, donde trabajan miles de personas, fueron organizados por los grupos sindicales más radicales desde la medianoche del jueves para impedir el paso de algunos transportes públicos, como taxis y autobuses que no se unieron al paro.

Las consignas centrales de la huelga son la caída del empleo, un impuesto a las ganancias que afecta a gran parte de la masa trabajadora y una inflación indetenible que se vive en un clima de incertidumbre financiera por un bloqueo judicial de pagos de la deuda en Estados Unidos que empujó a la tercera

economía de América Latina a un default selectivo.

Maquinistas de trenes, bancarios, portuarios, trabajadores aeronáuticos, empleados de hospitales públicos y camioneros son algunos de los poderosos gremios que pararon sus actividades por 24 horas este jueves y se sumaron a otros sindicatos que el miércoles empezaron la huelga por 36 horas.

Pero no lograron la adhesión del sindicato de los choferes de autobuses, transporte crucial que en el primer paro de este año, el pasado 10 de abril, hizo que fuera un éxito el objetivo de vaciar de gente las calles, los puestos de trabajo y las escuelas.

No obstante, algunos choferes de rutas que están con cortes interrumpieron sus servicios y otros exigieron al Gobierno que garantice medidas de seguridad.

"El paro va a ser muy importante. Los colectivos están, ahora hay que ver si los van a conducir", dijo Hugo Moyano, principal líder de la protesta y jefe de la CGT-Azopardo, el sector antikirchnerista de la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT).

Los sindicatos denuncian que la inflación anual superior al 30% castiga sin piedad los bolsillos de los asalariados en momentos que la tasa de desempleo creció de 7,1% a 7,5%.

Para el gobierno "no hay ninguna duda que éste es un paro de naturaleza política, con un objetivo opositor, gran parte de estos sindicalistas forman parte del alineamiento político del arco opositor", sostuvo en rueda de prensa el jefe de gabinete, Jorge Capitanich.