OEA decidirá el 23 de junio si aplica Carta Democrática a Venezuela

Esta sesión la solicitó el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al invocar la Carta Democrática, un instrumento jurídico que puede llevar a gestiones diplomáticas o a la suspensión de Venezuela del ente y con el que busca aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos y acepte convocar este año un referendo revocatorio.

Almagro quería que esa reunión se hiciera "cuanto antes" en un plazo de entre el 10 y el 20 de junio, fechas que coinciden en parte con la Asamblea General anual de la organización, que reunirá a los cancilleres en Santo Domingo entre el 13 y el 15 de junio.

"Satisfacción con la presidencia del Consejo por fijación de fecha. Nuestra confianza en discusiones y decisiones que emanen de la sesión extraordinaria", escribió Almagro en su activa cuenta de Twitter.

La sesión la ha convocado la presidencia de turno del Consejo Permanente, que ostenta Argentina, y en ella Almagro presentará el informe de 132 páginas con el que argumentó su invocación del artículo 20 de la Carta y en el que denuncia la "continuidad de las violaciones de la Constitución en Venezuela", "las violaciones de derechos humanos" y "la falta de respuesta a la grave crisis humanitaria".

Los 34 Estados miembros deberán pronunciarse sobre un tema que la OEA ha evitado durante años y votar sobre si, como Almagro, consideran que en Venezuela "existe una alteración del orden constitucional que afecta al orden democrático".

Si la mayoría de los países, 18, creen que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".

De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los embajadores.

En esa Asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado a la organización si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático", algo que solo ocurrió tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras.

En la práctica, la suspensión de un Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.

Aunque no descarta llegar a la suspensión, lo que busca Almagro con este paso sin precedentes es aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro para que acepte el referendo revocatorio que pide la oposición y libere a los presos políticos.

EFE