Trump impuso nuevas restricciones migratorias a ciudadanos de 19 países, incluyendo Cuba y Venezuela
La orden ejecutiva afecta la posibilidad de obtener visas para estudiar, trabajar, asistir a reuniones, participar en conferencias o residir de forma temporal o permanente en EE. UU.
Noticias RCN
07:47 a. m.
El actual mandatario Donald Trump anunció este miércoles 4 de junio, una serie de medidas migratorias que restringen o prohíben el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 19 países, con el argumento de proteger la seguridad nacional frente a presuntas amenazas terroristas.
Presidente Trump anunció nuevas restricciones migratorias
Según la nueva orden ejecutiva, se impide completamente la entrada de personas provenientes de 12 países, entre ellos Afganistán, Irán, Libia y Somalia, mientras que otras siete naciones, incluidos Cuba y Venezuela, estarán sujetas a restricciones parciales.
Estas limitaciones afectan la posibilidad de obtener visas para estudiar, trabajar, asistir a reuniones, participar en conferencias o residir de forma temporal o permanente en EE. UU.
Trump explicó que esta decisión se tomó tras un reciente ataque en Boulder, Colorado, el cual, según las autoridades, fue perpetrado por un inmigrante que se encontraba en el país sin autorización legal.
En un mensaje difundido desde la Casa Blanca, el presidente afirmó: “No podemos permitir la entrada de personas que no han sido sometidas a un proceso de verificación confiable. No los queremos aquí”.
Aunque el sospechoso del atentado proviene de Egipto, país que no figura en la lista, la administración justificó las nuevas restricciones como una medida preventiva ante posibles riesgos similares.
El mandatario comparó esta acción con la política de restricciones migratorias implementada durante su primer mandato, que afectó principalmente a países de mayoría musulmana. Aseguró que ese enfoque “evitó tragedias como las que se han vivido en Europa” y prometió mantener “la seguridad como prioridad nacional”.
Las nuevas restricciones entrarán en vigor el lunes 9 de junio. No obstante, se prevén excepciones si el fiscal general, Pam Bondi, o el secretario de Estado, Marco Rubio, consideran que el ingreso de una persona beneficia a los intereses del país.
En el caso de Cuba, el documento oficial acusa al gobierno de no colaborar en la verificación de antecedentes y de negarse a aceptar el retorno de sus nacionales expulsados.
Sobre Venezuela, el texto señala la ausencia de una autoridad confiable para emitir documentos oficiales y la falta de cooperación en procesos migratorios.
El gobierno de Venezuela respondió con contundencia. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, declaró que “viajar a Estados Unidos representa un gran riesgo para cualquiera, no solo para los venezolanos”.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional criticaron duramente la medida, calificándola de “discriminatoria, racista y cruel”.
Trump restringe entrada a EE. UU. a 19 países, incluidos Cuba y Venezuela
También, la ONG denunció que la orden promueve el odio y la desinformación al enfocarse en nacionalidades específicas.
Jamal Abdi, del Consejo Nacional Iraní Americano, expresó su preocupación por el impacto emocional y familiar que tendrá la medida sobre comunidades con raíces en los países afectados, destacando que muchas personas se verán separadas de sus seres queridos sin una razón justificada.
Cabe destacar que la prohibición no se aplicará a atletas que participen en eventos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol 2026 o los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
De manera paralela, Trump también anunció una restricción a las visas para estudiantes internacionales que planeaban ingresar a la Universidad de Harvard, en lo que ha sido interpretado como una ofensiva directa contra una de las instituciones académicas más prestigiosas y críticas de su administración.
Se espera que estas nuevas políticas enfrenten retos judiciales, como ha ocurrido con otras decisiones de alto impacto tomadas por Trump desde su retorno al poder en enero.
Varios expertos legales anticipan que los tribunales podrían intervenir si se demuestra que las medidas violan principios de igualdad o debido proceso.
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