Ratifican condena a extesorero del partido de Lula

El caso se refiere a un escándalo denunciado en 2005, durante el primer mandato del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue juzgado por el Supremo el año pasado y concluyó con 25 políticos y empresarios condenados a penas que, sumadas, llegan casi a 280 años de cárcel.

Soares fue el primer integrante del llamado "núcleo político" de una vasta red de corrupción que operó entre 2002 y 2005 al que los magistrados del Tribunal Supremo le rechazaron los recursos con los que pretendía lograr una reducción de la pena.

El caso se refiere a un escándalo denunciado en 2005, durante el primer mandato del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fue juzgado por el Supremo el año pasado y concluyó con 25 políticos y empresarios condenados a penas que, sumadas, llegan casi a 280 años de cárcel.

Según consideró probado la corte, cuando Lula ganó por primera vez las presidenciales, en 2002, el PT estructuró una vasta red de recaudación ilegal de recursos públicos que sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos, que le dieron al Gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.

Soares, como tesorero del PT en la época, "practicó actos que son altamente reprobables" y su participación fue plenamente demostrada, aseguró el presidente del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa.

En la época en que se denunció el escándalo, Soares asumió su responsabilidad, pero intentó reducir el caso a una financiación ilegal de campañas, que habría limitado el asunto a ilícitos electorales ya prescritos y ajenos a la órbita penal del Supremo.

Sin embargo, la tesis de Soares no convenció a los magistrados, que consideraron probado que el dinero recaudado por el PT no sólo había sido ocultado de las autoridades electorales y tributarias, sino que además tenía origen público y se había usado para sobornar al menos a diez dirigentes y diputados de cuatro partidos políticos.

En las apelaciones juzgadas hoy y rechazadas por el tribunal, el extesorero alegó que la corte desestimó algunos testigos presentados por su defensa y que se habían omitido "pruebas" sobre su supuesta inocencia, por lo que solicitaba una reducción de la pena.

Por unanimidad, los jueces negaron esos recursos, con lo que la pena de ocho años y once meses de prisión ya se considera firme y deberá ser ejecutada una vez que concluya la fase de apelaciones y se publiquen las sentencias definitivas.

En el caso de Soares, la pena deberá ser cumplida en régimen de reclusión, que las leyes brasileñas reservan para los condenados a más de ocho años de prisión.

Las normas establecen que un reo castigado a entre cuatro y ocho años debe cumplir la pena en un régimen semiabierto y quien recibe menos de cuatro años puede optar por servicios comunitarios.

En esa última prerrogativa se amparó hoy el exagente de bolsa Enivaldo Quadrado, condenado a tres años y seis meses, quien aceptó prestar servicios comunitarios durante una hora de cada día que dure la pena.

Los jueces también aceptaron los argumentos de la defensa del empresario Ramon Hollerbach, condenado a tres años y cuatro meses, pero que tuvo la pena reducida a dos años y ocho meses por un error en la sentencia, que fue reconocido por el tribunal.

En próximas audiencias, la corte analizará recursos presentados por el expresidente del PT José Genoino y el entonces ministro de la Presidencia José Dirceu, quien en la época de los escándalos era considerado como la "mano derecha" de Lula.

Dirceu, el político de mayor relevancia entre los 25 condenados que ha tenido este caso, recibió una sentencia de diez años y diez meses de prisión por corrupción activa y asociación ilícita.

Genoino fue hallado culpable de los mismos delitos, pero la pena que le aplicó el Supremo fue de seis años y once meses, debido a su menor responsabilidad en la trama.

Pese a su proximidad con muchos de los condenados, Lula no fue incluido entre los acusados pues el Supremo no encontró pruebas documentales sobre su supuesta participación en el asunto, que fue denunciada por algunos de los implicados.

Hasta ahora, fueron juzgadas 14 de las 25 apelaciones presentadas y todas fueron rechazadas, salvo la del empresario Ramon Hollerbach, aceptada parcialmente.