Fiscal general presentó reparos a ley estatutaria de la JEP

El fiscal Néstor Humberto Martínez formuló reparos a cuatro puntos de la ley estatutaria de la JEP que deberá ser sancionada u objetada por el presidente Duque antes del próximo 11 de marzo.

Martínez explicó que a pesar de que el texto fue concertado en el Congreso de la República, pero que el texto que esta sobre el escritorio del presidente Duque modifica ese consenso.

El fiscal considera inconveniente que los guerrilleros reincidentes gocen de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz y que los responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra queden sin castigo.

“Con el texto que se ha sometido a sanción presidencial, los delitos de ejecución permanente quedan en cabeza de la JEP y no de la Fiscalía General de la Nación"

“Constituiría un incentivo perverso que los reincidentes continúen en el narcotráfico y tengan a lo sumo penas entre dos y cinco años mientras un campesino en Colombia tiene por cultivos ilícitos hasta 10 años de prisión”, explicó.

Martínez aseguró que en el texto también hubo modificaciones respecto al tratamiento penal que se le da a los reincidentes en delitos.

"De entrar en vigencia la norma entonces convivirán los privilegios y los beneficios de la JEP con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico que son evidentemente graves delitos que deberían tener otro tratamiento a juicio de la Fiscalía”, aseguró.

El jefe del ente investigador indicó que actualmente la Fiscalía tiene en curso 361 investigaciones sobre posibles delitos de guerrilleros reinsertados.

El tercer punto tiene que ver con las investigaciones de los delitos relacionados con el conflicto pues según Martínez, si se sanciona la ley estatutaria, la Fiscalía no podrá ordenar citación a la práctica de diligencias judiciales en relación a esos delitos.

Por último, Martínez aseguró que de acuerdo a los tratados internacionales que ha suscrito Colombia en materia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos no es posible que se otorguen beneficios a delitos de lesa humanidad o delitos de guerra.

“El país no puede correr el riesgo de otorgar beneficios como la renuncia a la acción penal a los autores de crímenes de guerra de genocidios y delitos de lesa humanidad so pretexto de juzgar exclusivamente a los máximos responsables", manifestó.

La Justicia Especial para la Paz respondió citando también a los casi dos mil miembros de la Fuerza Pública y 39 miembros del Estado que hasta el momento se han sometido a ese tribunal y pidió que la ley estatutaria se sancione con carácter prioritario.

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