Gobierno "acata y respeta" fallo de la CIDH por Palacio de Justicia

El Gobierno dijo este miércoles que "acata y respeta" la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo encontró responsable por la desaparición forzada de once personas tras la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985 en Bogotá.

"Consecuente con el respeto a los derechos humanos y las decisiones de la justicia internacional, en este caso no habrá excepción. El Gobierno cumplirá estrictamente con decisión y la justicia colombiana seguirá con la búsqueda de los responsables", informó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en un comunicado.

Cristo agregó que el Gobierno "iniciará las acciones correspondientes al fallo conocido el día de hoy", que declaró "responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos" cometidas en el Palacio de Justicia.

El Palacio, situado en el corazón de Bogotá, fue tomado por asalto el 6 de noviembre de 1985 por el grupo guerrillero M-19 y recuperado al día siguiente en una operación militar.

En esos dos días murieron más de 100 personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 22 funcionarios, 7 auxiliares del tribunal, 11 miembros de la Fuerza Pública, numerosos guerrilleros y civiles, mientras que 11 personas fueron dadas por desaparecidas.

En su sentencia, con fecha del pasado 14 de noviembre, los jueces de la CIDH ordenaron al Estado colombiano "llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos".

Igualmente tendrá que "determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables" de las desapariciones forzadas, de la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas, que al igual que los demás salió vivo del Palacio, y las torturas y tratos crueles a otras cuatro personas.

El Estado también tendrá que realizar la búsqueda "rigurosa" de los desaparecidos, brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.

En cuanto a indemnizaciones, la Corte fijó 100.000 dólares por cada una de las once desapariciones forzadas, 80.000 dólares para las parejas o hijos de cada víctima y 40.000 dólares para hermanos, entre otras sanciones pecuniarias.

La CIDH, con sede en San José de Costa Rica, encontró que el Estado es el responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés y David Suspes Celis.

Igualmente lo responsabiliza de los casos de Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, "así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas".

Cristo resaltó en el comunicado el reconocimiento que hizo la CIDH a la "actitud democrática que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos" para buscar el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace 29 años.

El ministro y la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Adriana Guillén, garantizaron que a través del Ministerio de Hacienda están listos los recursos económicos para cumplir el fallo.

Previamente, el Ministerio del Interior había expedido un comunicado en el que anunciaba que estudiaría "detalladamente la sentencia para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance". 

EFE