Capturan a tres oficiales retirados del Ejército que pertenecerían a una red de interceptaciones ilegales

Según las investigaciones la red obtenía “ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados”.

Las interceptaciones se realizaban en dos empresas fachada ubicadas en Cali, mientras que el centro de operaciones fue ubicado en Ipiales, Nariño.

Los servicios, según la Fiscalía, eran ofrecidos a entidades del Estado y particulares por 3.000.000 de pesos.

Las autoridades realizaron siete allanamientos en inmuebles de Bogotá, Cali e Ipiales. Incautaron seis torres de cómputo, cuatro computadores portátiles, cinco teléfonos celulares, dos maletines con documentos varios, Tablet, USB, agenda de datos, decodificadores, dos routers, tres discos duros externos y un reproductor MP4.

En Ipiales fueron detenidos tres oficiales retirados del Ejército y una particular que deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.

En Bogotá fueron allanadas las instalaciones de la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño.

“La Fiscalía busca elementos que permitirían corroborar su presunta relación con la empresa de seguridad registrada en Cali, de acuerdo con pruebas técnicas recaudadas en los últimos meses”.

Los indicios que llevaron a la Fiscalía a detectar la red ilegal de espionaje aparecieron, paradójicamente, en el seguimiento a interceptaciones legales de una investigación judicial.

Ocurrió hace un año, cuando los analistas escucharon a quienes serían los coroneles en retiro del Ejército, Carlos Andrés Pérez, actual jefe de seguridad del alcalde de Ipiales y Jorge Humberto Salinas, experto en inteligencia, hablar de los seguimientos a algunas personas.

“Funcionaba absolutamente como una empresa criminal y era un servicio a interesados, a quien contratara, podía ser un particular obteniendo información de su pareja o podían ser personas vinculadas a cargos públicos que buscarían tener información en temas de interés nacional o sometidos a reserva”, indicó Juan David Bazzani, asesor del despacho del fiscal General.

En el seguimiento a los dos hombres, autorizado por un juez, se encontraron audios como uno en el que se concreta el monitoreo clandestino a conductores de camiones.

Según la Fiscalía, esas empresas monitoreaban de manera ilegal ubicaciones y conversaciones a través de redes sociales, correos electrónicos y mensajería instantánea.  También llamadas telefónicas de las cuales se informaban hasta movimientos bancarios.

En otro de los audios, que será presentado ante un juez de garantías en Cali, los investigadores de la Fiscalía aseguran que se habla de María Alicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Mintic y quien, supuestamente, sería la hacker contratada para el robo de información.

El general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño responde

EL exdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá en un comunicado se refirió a las declaraciones de la Fiscalía sobre la empresa ‘A&G Seguridad’. Dijo que no era propietario de esa empresa y pidió ser escuchado para aclarar cualquier inquietud.

“Como ha sido mi costumbre, estaré presto a dar las explicaciones que me sean requeridas en el marco de la investigación, tanto así, que he radicado al Señor Fiscal General de la Nación, escrito mediante el cual solicito se me escuche a través de los medios que estime conveniente, para aclarar cualquier inquietud”.

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