Desastres climáticos: la improvisación también tiene una factura

En Colombia nos hemos acostumbrado a hablar de los desastres cuando ya ocurrieron. Cuando el incendio aparece, cuando el río se desborda, cuando una vía queda sepultada por un deslizamiento, cuando una familia pierde su vivienda o cuando un municipio queda incomunicado, aparece la emergencia y, con ella, la necesidad de responder rápidamente. Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos mucho antes: ¿cuánto nos está costando no prevenir?

La respuesta no se mide únicamente en dinero. También está en las vidas afectadas, los empleos interrumpidos, los cultivos perdidos y los recursos públicos que deben desviarse para reparar daños que, en algunos casos, pudieron reducirse con planificación.

La Ley 1523 de 2012 estableció que la gestión del riesgo en Colombia no consiste solamente en atender emergencias. También implica conocer y reducir el riesgo e incorporarlo a la planificación del desarrollo. En otras palabras: prevenir es una decisión económica.

Desde la Especialización virtual en Gestión Ambiental de Areandina, la entendemos así: el riesgo es la posibilidad de que algo ocurra; el desastre es lo que ya ocurrió. Y cuando llegamos al segundo escenario, las alternativas suelen ser más costosas.

Una emergencia obliga al Estado a movilizar recursos para atención humanitaria, reparación de vías, recuperación de servicios públicos y reconstrucción. Son recursos que dejan de estar disponibles, al menos temporalmente, para otras necesidades. La UNGRD reportó para 2025 una ejecución presupuestal superior al billón de pesos. Más allá de la cifra, lo importante es comprender lo que representa: gestionar el riesgo también significa decidir cuánto estamos dispuestos a pagar antes de que ocurra el daño.

Pero la factura no la paga únicamente el Estado. Una familia que compra una vivienda en una zona expuesta a inundaciones, movimientos en masa o afectaciones relacionadas con cuerpos de agua puede terminar asumiendo pérdidas patrimoniales difíciles de recuperar. Por eso, conocer la historia ambiental del lugar y los instrumentos de ordenamiento territorial debería ser tan importante como revisar el precio, los acabados o las condiciones de financiación de una vivienda.

Aquí aparece una paradoja que Colombia todavía debe resolver: tenemos información sobre amenazas y riesgos, pero esta no siempre se convierte en decisiones coherentes sobre el territorio. Intereses particulares o presiones políticas, sin contar con que proyectos mal ubicados o mal vigilados pueden volverse una bomba de tiempo que estalla tiempo después y que terminan pagando las comunidades y el Estado.

También debemos entender que proteger los ecosistemas como humedales, manglares, o los bosques, como conservar arrecifes, recuperar rondas hídricas o planificar adecuadamente el uso del suelo no solo tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Son inversiones en seguridad, infraestructura y estabilidad económica. Un ecosistema protegido puede funcionar como una barrera frente a determinados impactos; uno degradado puede aumentar nuestra vulnerabilidad.

Por eso, la prevención no debería ser responsabilidad exclusiva de las autoridades. Como ciudadanos podemos conocer los antecedentes ambientales del territorio donde vivimos o pensamos invertir, exigir información pública sobre mapas de amenaza y estudios de riesgo y participar en las discusiones sobre planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

La gestión del riesgo empieza mucho antes de la emergencia. Empieza cuando decidimos dónde construir, qué ecosistemas proteger y qué información utilizar para tomar decisiones. En un país expuesto a múltiples amenazas climáticas y ambientales, prevenir no significa gastar de más. Significa evitar que la improvisación termine cobrándonos una factura mucho más alta.