La certidumbre puede ser el atractivo tributario más importante

El Gobierno acaba de radicar ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Las cifras ponen nuevamente de manifiesto una realidad conocida. De los $634,9 billones previstos, más de $152 billones se destinarán al servicio de la deuda y apenas cerca de $298 billones provendrán de ingresos tributarios, principalmente del impuesto sobre la renta y del IVA. La brecha entre lo que el Estado gasta y lo que recauda vuelve a quedar expuesta, junto con los interrogantes habituales sobre la magnitud del recaudo requerido, las fuentes de financiación disponibles y la distribución de las cargas tributarias.

La necesidad de fortalecer los ingresos fiscales es evidente. Sin embargo, después de varios años marcados por reformas tributarias sucesivas y cambios normativos frecuentes, existe una cuestión que merece mayor atención dentro del debate público. Me refiero al costo que genera para la economía la modificación constante de las reglas bajo las cuales se adoptan las decisiones de inversión.

Para una empresa que evalúa invertir en Colombia no basta con conocer la tarifa efectiva que pagará durante el año en curso. También necesita estimar cuál será su carga fiscal en los próximos cinco o diez años, cuáles serán los costos asociados al cumplimiento de sus obligaciones y qué tan probable es que el marco normativo cambie antes de que la inversión alcance su punto de maduración. Las decisiones empresariales se construyen sobre horizontes de largo plazo. Cuando las reglas cambian de manera recurrente, la incertidumbre pasa a formar parte de los modelos financieros y puede traducirse en la postergación de proyectos, la reducción de inversiones o la búsqueda de jurisdicciones alternativas.

Con frecuencia se pasa por alto que la estabilidad tributaria trasciende los intereses particulares de los contribuyentes. Constituye una condición esencial para la competitividad del país y, al mismo tiempo, una herramienta eficaz para fortalecer el recaudo de manera sostenible. Un inversionista que confía en la estabilidad de las reglas está más dispuesto a desarrollar proyectos de largo plazo, a reinvertir utilidades y a asumir riesgos empresariales. En consecuencia, también contribuirá más al financiamiento del Estado que aquel cuya principal preocupación consiste en anticipar la próxima modificación normativa.

Colombia debería concentrar sus esfuerzos en ampliar la base tributaria y aumentar el número de contribuyentes, antes que en incrementar de forma recurrente la carga sobre quienes ya participan en la economía formal. Resulta necesario avanzar hacia un sistema más sencillo, con menores costos de cumplimiento y con cargas que no desincentiven la inversión ni la formalización empresarial. En esa discusión adquieren relevancia mecanismos como la ampliación del Régimen Simple de Tributación, la revisión del alcance del impuesto al patrimonio y del gravamen a los movimientos financieros, así como una reflexión más amplia sobre la estructura del impuesto sobre la renta y del IVA. El objetivo debe consistir en recaudar más a partir de una economía más grande, más dinámica y más formal.

Las necesidades extraordinarias del país también exigirán respuestas específicas. Instrumentos como las obras por impuestos y otros incentivos focalizados pueden contribuir a movilizar recursos privados hacia proyectos prioritarios. No obstante, conviene distinguir entre las medidas diseñadas para atender coyunturas particulares y las reformas estructurales que requiere el sistema tributario. Ambas tienen finalidades diferentes y confundirlas suele conducir a soluciones incompletas y a debates que se repiten periódicamente sin resolver los problemas de fondo.

Una reforma estructural debería mirar más allá del siguiente ciclo presupuestal y concentrarse en las condiciones necesarias para que Colombia compita por inversión durante la próxima década. Entre esas condiciones se encuentran la seguridad jurídica, la simplicidad normativa, la existencia de incentivos que produzcan resultados verificables y una carga tributaria compatible con la inversión, el crecimiento y la reinversión.

La situación fiscal exige decisiones responsables y oportunas. Sin embargo, el éxito de una reforma tributaria no debería medirse exclusivamente por los recursos adicionales que logra recaudar en el corto plazo. También debe evaluarse su capacidad para fomentar la inversión, ampliar la actividad económica y fortalecer de manera sostenible las bases de tributación.