Carta abierta al Ministerio de Cultura sobre el Galeón San José

Respetado Señor ministro, Juan David Correa

El propósito que nos anima en esta ocasión es contribuir a una comprensión integral, por parte del gobierno, los funcionarios del Estado y la opinión pública, de lo que se encuentra en juego al tomar decisiones acerca del tratamiento del yacimiento arqueológico correspondiente a los vestigios del Galeón San José, que es una parte sumamente significativa, pero de ninguna manera aislada, del patrimonio arqueológico y cultural sumergido de la Nación.

En días recientes se han reproducido en diferentes medios de prensa, sobre todo extranjeros, entrevistas concedidas por usted en donde se indican varios asuntos que resultan por lo menos preocupantes:

1) Que es el propósito del actual gobierno avanzar prontamente en la extracción del Galeón San José; 2) que para tal efecto, se establecerá una alianza público-privada; 3) que, previamente, se realizarán intervenciones del yacimiento, para extraer muestras de evidencias arqueológicas que permitan diseñar el cronograma preciso de tal extracción; y 4) que las “voces críticas” sobre el particular se escucharán en un evento a organizar en Cartagena durante el próximo mes de enero. Cada uno de estos asuntos amerita ser tratado con cierto detenimiento.

1. La extracción de los elementos que componen el contexto arqueológico del Galeón San José aparece en sus declaraciones, y en otras efectuadas antes y de manera reiterada por el señor presidente Gustavo Petro, como un imperativo, es decir, como algo que es un mandato de obligatorio cumplimiento.

Tal rumbo, desconoce o desprecia de entrada las advertencias efectuadas por voces expertas que desde hace por lo menos 13 años han recomendado considerar, en primer lugar, acciones de preservación in situ, antes de explorar cualquier alternativa de extracción. 

Tempranamente, desde 2010, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) emitió un concepto técnico sobre los aspectos del proyecto de ley 1675 que corrían el riesgo de ser inconstitucionales y podían dificultar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. En los años siguientes, se generaron críticas y propuestas alternativas efectuadas por exdirectores(as) del ICANH, la Sociedad Colombiana de Arqueología, y grupos organizados de profesionales en arqueología y estudiantes de varias universidades públicas y privadas. También se manifestaron de manera crítica los presidentes del Congreso Mundial de Arqueología y la Sociedad Americana de Arqueología. De igual modo, se hicieron advertencias por parte de la Procuraduría General de la Nación, preocupada por la vulneración de los derechos constitucionales por cuenta de la ley y la licitación de la alianza público-privada, y la Dirección de Patrimonio de la Unesco se manifestó indicando que el proyecto de ley iba en contravía de las normas establecidas por ese organismo para la protección del patrimonio cultural sumergido, lo que propiciaría, además, el negocio de los cazatesoros, lo cual fue reiterado por el Consejo Consultivo Científico y Técnico de esa entidad. 

Más recientemente, se conformó la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido-RUPCS, que desde 2018 se ha pronunciado públicamente en contra de la mercantilización del patrimonio arqueológico subacuático, y ha efectuado propuestas para el diseño de una Política de Estado en la materia. Ver los comunicados de la RUPCS en: https://opca.uniandes.edu.co/red-universitaria-de-patrimonio- cultural-sumergido/

No es impedimento que Colombia no sea miembro de la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, para que se tengan en cuenta, dentro del rigor científico que siempre debería acompañar las decisiones en la materia, los argumentos que subyacen a la recomendación de dar prioridad a la conservación y gestión in situ como premisa para la protección y salvaguarda de este patrimonio (Ver, en especial, el Anexo 1, sobre “Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático”,    que    acompaña    el    texto    de    la    Convención    en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa). 

Adicionalmente, hay que advertir que no se han generado las condiciones necesarias para dar adecuado tratamiento a lo que eventualmente se extraiga, entre ellas, la existencia de un laboratorio de conservación idóneo para la preservación de muestras y bienes del patrimonio cultural sumergido. En general, y aparte de la falta de rigor científico que expresa bien el imperativo de “sacar” los restos del Galeón, el afán extractivista resulta inconsistente con el énfasis dado en este gobierno a la conservación y protección de los bienes comunes de la Nación, de los cuales el patrimonio cultural sumergido es parte integrante y muy importante.

2. El establecimiento de una alianza público-privada para materializar la extracción de los bienes que hacen parte del contexto arqueológico del Galeón San José resulta sumamente inconveniente para la protección y mejor conocimiento del patrimonio cultural sumergido del País. Con la figura jurídica y administrativa de la asociación público-privada, propia del desarrollo de infraestructuras viales por concesión, pretende tratarse un asunto absolutamente diferente, como es el de la investigación, conservación, preservación y gestión del patrimonio cultural de la Nación. 

También se convalidan las inconsistencias jurídicas de la Ley 1675 sobre Patrimonio Cultural Sumergido, algunas de ellas advertidas ya por la Corte Constitucional en fallos sobre inexequibilidad de sus articulados (Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C-264/14 y C-332/23), y se revive un procedimiento ideado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010- 2018), para la extracción del pecio del San José, con intereses fundados en las ganancias económicas de empresas cazatesoros (Ver el concepto sobre los pliegos de la licitación de la asociación público-privada, emitido en 2018 por un grupo experto de la Universidad de Antioquia, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación: https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/952d1ba6-c97c-4d99-ab68- 80e6c3b8bf2c/Respuesta+Radicados+Nos.E-2017- 13786+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID= menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp). 

La inconveniencia y los riesgos asociados a la suscripción de tal alianza fueron calculados incluso durante el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), tan amigo de aplicar esquemas de negocios privados a los procesos culturales, bajo la figura de las “economías naranjas”. Como se sabe, durante ese gobierno se suspendió el proceso de establecimiento de la asociación público-privada con la firma extranjera de cazatesoros Maritime Archaeology Consultants, y contando con el concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en 2020 se declaró el contexto arqueológico del Galeón San José como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el mandato constitucional que define los bienes que integran el patrimonio arqueológico como pertenecientes a la Nación, inalienables, inembargables e imprescriptibles, surge la pregunta: ¿cuál será ahora el negocio de los privados? 

En general, las consecuencias negativas de revivir ahora la mencionada alianza público-privada son varias: a) puede anteponer esquemas económicos propios de los negocios privados al tratamiento de los bienes comunes que pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación; b) desconoce las capacidades nacionales en materia de investigación, protección, conservación y gestión del patrimonio cultural de la Nación, las desestimula y puede erosionarlas, partiendo siempre del pobre argumento de que somos un país pobre y atrasado económica, científica y tecnológicamente; y c) profundiza los riesgos de demandas en curso o por venir, adelantadas por empresas cazatesoros que afincan sus especulaciones financieras en el “tesoro” del Galeón San José, haciendo aún más difícil e incierto el trabajo de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. Cualquier intervención previa del contexto arqueológico del Galeón San José, como la que se planea efectuar, según sus declaraciones, durante el próximo mes de marzo, debe contar con un Plan de Manejo Arqueológico previamente formulado y aprobado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediando una evaluación estrictamente científica del mismo. 

El que dicha autorización esté en manos de entidades del Estado, no las exime de cumplir con los procedimientos legales que aplican en el país para cualquier intervención de bienes de interés cultural del ámbito nacional y del patrimonio arqueológico. Antes bien, deben dar ejemplo de legalidad, y hacer público dicho Plan, antes de cualquier intervención, incluyendo, como establece la normativa, la exposición científicamente argumentada acerca de la necesidad de tal intervención, los procedimientos detallados de la misma, y las medidas de manejo de los bienes del patrimonio arqueológico a que haya lugar.

4. Como ya habrá notado, en esta ocasión, como en otras, las llamadas “voces críticas” se han anticipado, advirtiendo acerca de la inconveniencia de los puntos 1, 2 y 3 aquí tratados. Voces que son diversas y que desde hace por lo menos trece años han estado advirtiendo, con argumentos técnicos, científicos, legales y éticos, lo inapropiado e inconveniente del rumbo que sucesivos gobiernos han venido dando a la protección y gestión del patrimonio cultural sumergido y en específico al yacimiento del pecio del Galeón San José. 

El posicionamiento crítico de estas voces ha estado acompañado de un espíritu propositivo, como se ha hecho visible en los llamados de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido-RUPCS, a la formulación de una Política de Estado en la materia, que reconozca procesos culturales y evite, precisamente, que cada gobierno trate el asunto de manera improvisada, mal informada y atendiendo a intereses de particulares. 

Igualmente, ha propuesto la construcción de una iniciativa de investigación, preservación, divulgación y valoración de dicho patrimonio, liderada por el país y sus instituciones científicas, con el concurso activo de las universidades y centros de investigación con capacidades en esas materias, y el acompañamiento internacional de entidades académicas y culturales de reconocida trayectoria. Pero en la gran mayoría de las ocasiones que hemos manifestado nuestro concepto y propuestas, valga decir, en varias de ellas durante el presente gobierno, no se ha generado una dinámica de diálogo que pueda considerarse como un debate. 

Entonces, escuchar las “voces críticas” puede resultar en un gesto diplomático que sólo sirve al propósito de validar decisiones gubernamentales ya establecidas de antemano. En su lugar, cuando se escuchan los argumentos y se dialoga acerca de los mismos, pueden tomarse decisiones mejor informadas, consecuentes con los intereses públicos, y no simplemente con el cumplimiento de imperativos.

Señor Ministro, en una de sus declaraciones más recientes, publicada en el diario El Tiempo, el 1 de diciembre de 2023 (https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y- libros/entrevista-con-el-ministro-de-cultura-juan-david-correa-habla-del-galeon-san-jose-831374), introducía el asunto del Galeón San José diciendo: “Este es un tema que no terminamos de entender en la dimensión histórica que tiene, porque llevamos 40 años en esta discusión”. 

Si dimensiona bien la importancia del tema que le ha encomendado sacar adelante el señor presidente de la República, reconocerá que las decisiones que se tomen ahora en relación con el caso Galeón San José tendrán repercusiones más allá: sobre el patrimonio arqueológico en general y sobre procesos culturales de largo aliento. Preguntamos: ¿se sumarán dichas decisiones a la larga historia de intenciones por expoliar los contenidos del patrimonio arqueológico en agua y en tierra, así como a los intereses por reabrir la puerta a quienes han valorado dicho patrimonio como una mercancía y objeto de negocios? ¿O se sumarán, como es nuestra esperanza, al tratamiento del patrimonio arqueológico como parte de los bienes comunes de la Nación, en perspectiva de garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, y al necesario fortalecimiento de un régimen jurídico de protección que, después de décadas de grandes esfuerzos, quedó consignado en la Constitución política?

Pero es también justo advertir que hay que ser sensibles a un más acá, en el sentido de que las decisiones que se tomen sobre el caso del Galeón y en general sobre el patrimonio arqueológico subacuático, deben tomar el pulso, consultar e informar, en primera instancia, al país. Sus últimas declaraciones, efectuadas inicialmente en medios de prensa internacionales, y sólo luego, en medios nacionales, resultan sintomáticas acerca de la actitud con la cual, durante las últimas décadas, las decisiones sobre el galeón San José se toman a puerta cerrada, con el concurso de actores internacionales y, bajo el argumento de que se trata de un asunto de secreto de Estado, no se informa suficientemente a los públicos del país. 

Adicionalmente, esta actitud, sumada al propósito de revivir la figura de la alianza público-privada, da a entender que no se confía en las capacidades nacionales en materia de ciencia y tecnología aplicables a la protección y gestión del patrimonio cultural sumergido, poniendo en manos de iniciativas privadas con un interés esencialmente económico, la extracción de los bienes que lo integran. 

Las iniciativas de apoyo internacional son bienvenidas, siempre y cuando sean de estricta cooperación científica, tecnológica y cultural, y con un liderazgo claro del Estado colombiano sobre las intervenciones del patrimonio cultural sumergido presente en las aguas de Colombia. Estamos seguros de que una iniciativa claramente liderada por el Estado colombiano, sus universidades y centros de investigación, apoyada firmemente en una Política pública sobre patrimonio cultural sumergido y con la cooperación internacional, puede movilizar los recursos suficientes sin necesidad tener que comprometer altas sumas de recursos públicos y la integridad de los bienes culturales en esquemas de negocio como las denominadas alianzas público-privadas.

Agradeciendo de antemano su atención a lo expresado en esta carta abierta, ponemos nuevamente a su disposición nuestras capacidades para que, en una escucha auténtica se pueda avanzar en diálogos conducentes a consolidar iniciativas que hagan honor a los preceptos de la Constitución política de la República de Colombia: la responsabilidad conjunta del Estado y las personas en la protección de “las riquezas culturales de la Nación” (artículo 8); el deber estatal de promover y fomentar el acceso de la ciudadanía a la cultura, el desarrollo de la investigación y la difusión de los valores culturales de la Nación (artículo 70); el patrimonio cultural de la Nación “está bajo la protección del Estado”; y expresamente, que “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles” (artículo 72; ver también artículo 63).

Atentamente,
Firman en orden alfabético según su apellido:

Pedro María Argüello García, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUPCS Sergio Andrés Castro Méndez, Universidad de Santander
David Cohen Daza, Universidad de los Andes, RUPCS
Ana Crespo Solana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Mario Omar Fernández Reguera, Universidad de los Andes, RUPCS Hernando Javier Giraldo Tenorio, Universidad del Cauca
Alba Nelly Gómez García, Universidad de Antioquia, RUPCS Juliana Gómez Mejía, Universidad de Caldas
William Gmez Pretelt, Korean Maritime and Ocean University
María Amelia Gutiérrez, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Antonio Jaramillo Arango, Universidad del Norte
Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri, Universidad de Los Andes, RUPCS Roberto Enrique Lastra Mier, Universidad del Atlántico, RUPCS
Roberto Lleras Pérez, Miembro de Número, Academia Colombiana de Historia Juan Guillermo Martin Rincón, Universidad del Norte, RUPCS
Santiago Ortiz Aristizábal, RUPCS
Rodrigo Pacheco Ruiz, National Museum of Royal Navy Diógenes Patiño Castaño, Universidad del Cauca, RUPCS Juan Felipe Pérez Díaz, Fundación Proyecto Navío, RUPCS Carlo Emilio Piazzini Suárez, Universidad de Antioquia, RUPCS
Javier Rivera-Sandoval, Universidad del Norte
Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, Universidad Nacional de Colombia Manuel Salge Ferro, Universidad Externado de Colombia
Juan Carlos Vargas Ruiz, Universidad del Magdalena, RUPCS.