Por la protección de una Constitución notable

Con fuerza temerosa se anunció aquello que se rumoraba que iba a suceder, pero no queríamos creer: el llamado de una Asamblea Constituyente enciende las alertas de un despido a la democracia y de la bienvenida a la dictadura.

A muchas personas les gusta jugar a predecir la política. Independiente en qué momento de los últimos tres años, seguro que algunos habrán presagiado una sustancial transformación constitucional. Si entonces parecía cercana o lejana no interesa, porque parece que ya es inminente.

Hace unos días el presidente confirmó su intención de convocar una Asamblea Constituyente, apelando de cierta manera al distinguido evento de la séptima papeleta de 1990. Sin embargo, el gobierno descontextualiza aquel impulso revolucionario y lo vuelve excusa para adelantar su proyecto político. Pues, diferente a lo que hoy sucede, la séptima papeleta nació directamente del pueblo, a través de un grupo estudiantil, demostrando que el deseo de una nueva Constitución debe ir del pueblo hacia el Estado y no en la dirección contraria.

No obstante, hoy el gobierno se olvida del constituyente primario y, en nombre del pueblo, ejecuta una iniciativa inherente a sus políticas actuales que, ignorando el Artículo 376 de nuestra Carta Magna, pretende saltarse al Congreso.

Pero es que aún independiente de eso, aparecen ciertas preguntas preocupantes: ¿Qué necesidad hay de una nueva Constitución? ¿Qué razón jurídica motiva este reemplazo? ¿Acaso se quiere disfrazar una intención política con mecanismos jurídicos para justificar otras aspiraciones?

Es imperativo recordar que tenemos una Constitución notable. Nació del pueblo y se desarrolló bajo una gran alianza entre liberales, conservadores y la AD M-19, conformando así una carta política fortalecida por el ejercicio democrático, que presenta un avance sustancial en materia de derechos fundamentales y de la sólida construcción de un Estado Social de Derecho.

Entre la cantidad de atributos que tiene nuestra Carta Política, quiero resaltar tres que le dan un valor trascendental en comparación con robustas constituciones del mundo.

El primero consiste en tener uno de los catálogos de derechos fundamentales más extensos del mundo. Alrededor de 70 artículos que protegen derechos individuales y colectivos, sociales y económicos, culturales y del medio ambiente, que garantizan la dignidad humana, la concepción integral de la ciudadanía y la justicia social.

El segundo, la protección inmediata de dichos derechos por medio de la tutela como mecanismo constitucional revolucionario en su funcionamiento. Pues si bien existen algunas constituciones europeas, por ejemplo, con instrumentos similares, como la Verfassungsbeschwerde alemana o el recurso de amparo constitucional español, ninguno ofrece la agilidad, inmediatez y facilidad de nuestra tutela.

Y tercero, el fortalecimiento de la participación ciudadana, por medio de mecanismos como el cabildo abierto, que le permiten al pueblo tomar decisiones con respecto a los asuntos de interés para la comunidad. Pues a pesar de que existan iniciativas similares en el mundo como los conseils de quartier franceses o los consigli comunali aperti italianos, ninguno tiene nivel constitucional, ni unificación nacional, ni influencia decisoria como en el caso colombiano.

Por lo tanto, tenemos una Constitución digna de protección. Las intenciones de imponer la Constituyente desde el poder pueden producir una regresión institucional injustificable. Y es que así algunos piensen que la Constitución no brinda las garantías que prometió (lo cual es demasiado discutible) la solución no puede ser destructiva contra la Constitución. En la búsqueda de un mejor Estado, no se derogan y crean leyes de forma irresponsable. Primero se trabaja por la efectiva aplicación de las ya existentes.

Confiando en la solidez de nuestras instituciones, espero que estas lleguen a la conclusión de que no necesitamos una nueva Constitución. Requerimos más bien que la nuestra se cumpla.