Clínicas del horror: la industria estética que está destruyendo vidas en Colombia

Las clínicas de garaje se convirtieron en uno de los negocios más peligrosos y rentables de Colombia, y en el cuarto destino mundial en turismo médico estético. Es un engaño creer que estas clínicas siempre funcionan en una casa abandonada o detrás de una cortina improvisada. Algunas tienen mármol, decoración lujosa, prestigio y seguidores, campañas publicitarias y salas de espera que parecen hoteles. Venden confianza, sueños y cuerpos perfectos. El problema es que detrás de muchas de esas fachadas hay personas inescrupulosas sin la formación adecuada, que más que médicos parecen “carniceros”, establecimientos sin habilitación para realizar procedimientos invasivos y una cadena de negligencias que termina dejando mujeres hospitalizadas, endeudadas, deformadas, con a salud mental desbordada o muertas. El caso del supuesto médico Gabriel Cubillos apenas es la punta del iceberg: la falsa sensación de seguridad que produce una buena estrategia de marketing. Porque en Colombia, país donde los ideales de belleza están moldeados por las redes sociales, una cuenta con miles de seguidores puede generar más confianza que una certificación médica, y eso está costando vidas.

El reciente caso de Yulixa Toloza estremeció al país porque mostró el peor rostro de esta industria. Porque tenemos claro que no fue solo una complicación médica, fue una mujer que ingresó a un establecimiento sin autorización para funcionar como clínica, se sometió a un procedimiento estético y terminó asesinada y desaparecida. La investigación reveló intentos de ocultar pruebas, manipulación de su celular y un presunto plan para encubrir lo ocurrido. Esto fue la consecuencia de un cúmulo de irresponsabilidades, omisiones y fallas institucionales que permitieron que un lugar sin las condiciones necesarias siguiera funcionando hasta que terminó en tragedia.

Detrás de cada caso como este, hay decenas de mujeres que sobreviven para contar su historia. Un ejemplo claro es el de Jenniffer Guevara, cuyo drama fue denunciado públicamente por el concejal de Bogotá, Juan Manuel Díaz. A diferencia de otras víctimas, Jenniffer no acudió a una clínica de garaje, sino a un médico supuestamente “reconocido”, al que le pagó más de 30 millones de pesos por una lipólisis láser. Sin embargo, su desenlace fue terrorífico. Lo que empezó como un procedimiento para mejorar su apariencia en la Clínica de Obesidad y Envejecimiento —operada por el médico Gabriel Cubillos— terminó en una pesadilla plagada de irregularidades insólitas. De hecho, Jenniffer relata que, justo antes de que la sedaran, vio en el quirófano a personas de diferentes países que, presuntamente, habrían terminado interviniendo su cuerpo.

Hoy, Jenniffer es consciente de que ya no podrá regresar a su vida anterior. A los dolores intensos, las quemaduras, los severos ataques de pánico y la denominada “piel de cocodrilo”, se suman secuelas incapacitantes y deformidades irreversibles: sus piernas quedaron permanentemente inflamadas por la retención de líquidos, impidiéndole volver a usar un pantalón en su vida. Además, según Jenniffer, le practicaron una perfiloplastia que le arruinó el cuello por completo, arrebatándole la capacidad de volver a girar la cabeza. El nivel de crueldad y encubrimiento llegó a tal punto que, según relata, cada vez que ella acudía a un control médico con el doctor Cubillos, el personal de la clínica la ocultaba para evitar que los demás pacientes vieran en qué estado la habían dejado.

Ya no se trata de una simple cirugía fallida, sino de una mujer a la que le quitaron la tranquilidad, la salud, la estabilidad económica y la confianza en sí misma. Su historia refleja una realidad dolorosa e invisible: que una paciente sobreviva no significa que la tragedia haya terminado. Es justo ahí donde comienza la verdadera batalla contra el dolor físico y emocional, y contra un sistema que obliga a las víctimas a desgastarse en despachos, procesos judiciales y trámites interminables para intentar obtener justicia.

Con relación a esta situación, las cifras demuestran que el problema ya es una crisis preocupante. Entre 2023 y 2026 se registraron al menos 15 muertes asociadas a procedimientos estéticos y más de 530 eventos adversos en Bogotá. En todo el país son más de 120 las personas fallecidas entre 2014 y 2025 por estas prácticas. Además, el 67% de las quejas están relacionadas con centros ilegales. Las infecciones aumentaron de manera alarmante, las hospitalizaciones crecieron 138% y los ingresos a cuidados intensivos 123%. A eso se suma que la ciudad ha identificado cientos de establecimientos clandestinos y las autoridades reconocen enormes dificultades para ejercer control efectivo, puesto que de cada 100 visitas que se realizan, solo el 1,5 termina en una sanción efectiva. Las estrategias de control son insuficientes frente a un negocio que mueve millones de pesos y que siempre encuentra nuevas formas de reaparecer cada vez que una sede es cerrada.

En consecuencia, la pregunta que nos hacemos es: ¿quién responde cuando una mujer pierde parte de su cuerpo por una necrosis? ¿Quién responde cuando queda incapacitada para trabajar, cuando necesita tratamiento psicológico durante años para superar el trauma, cuando una familia tiene que asumir gastos médicos que nunca imaginó? En la mayoría de los casos la respuesta es nadie, porque en Colombia la impunidad frente a estos casos es la regla y el mayor incentivo para que estos carniceros sigan en la industria, llenándose los bolsillos de dinero a costa de la salud de las mujeres. Muchas investigaciones avanzan lentamente, los procesos judiciales se prolongan durante años y las sanciones terminan siendo inferiores al daño causado. El mensaje que recibe el sector ilegal es que el riesgo de ser castigado es menor que las ganancias obtenidas, porque, incluso estando imputados, siguen operando, cambian de nombre sus clínicas, con su poder, amedrentan y amenazan a sus pacientes para que no los denuncien. En resumen, son unos criminales con bata.

Pero también hay una responsabilidad política, pues Colombia continúa sin una regulación robusta que proteja a los pacientes y castigue con severidad a quienes juegan con su vida. Durante años se han presentado iniciativas, como el proyecto de Ley #CirugíaSeguraYa, para reglamentar de manera más estricta las cirugías estéticas, fortalecer controles y endurecer sanciones, pero una y otra vez terminan archivados, hundidos o atrapados en la indiferencia institucional. Mientras tanto, las víctimas siguen apareciendo. Los proyectos cogen polvo y las mujeres siguen entrando a quirófanos de dudosa legalidad convencidas de que están en buenas manos. ¿Cuántas víctimas más necesitan Colombia y sus legisladores para entender que esto dejó de ser un problema estético y se convirtió en un problema de salud pública?

Esta discusión hace rato dejó de ser sobre estética y se convirtió en dignidad, salud mental, protección de las mujeres y responsabilidad institucional. Detrás de cada mal procedimiento hay una persona que depositó su confianza en alguien que prometió ayudarla, familias destruidas, proyectos de vida truncados y mujeres que deben aprender a convivir con cicatrices y crisis de salud mental que nunca buscaron. Colombia no necesita más comunicados de condolencia después, de cada tragedia. Necesita controles reales, sanciones ejemplares y una justicia que deje de actuar cuando ya hay una víctima sobre una camilla o dentro de un ataúd. Es más que claro que, mientras las clínicas de garaje sigan siendo más rápidas que el Estado, la próxima víctima ya está entrando por la puerta de algún consultorio que jamás debió abrir.