Conectados, pero rotos: la vida que se nos escapa detrás de una pantalla.
Colombia está cada vez más conectada, pero mientras la vida cotidiana migra hacia las pantallas también crecen los desafíos para la salud mental, la seguridad digital y la protección de niños y adolescentes.
04:53 p. m.
La discusión ya no puede limitarse al tiempo frente al celular: tenemos que aprender a vivir con la tecnología sin dejar que ella termine viviendo por nosotros.
Seis horas al día. Esa es la mediana de tiempo recreativo frente a pantallas que encontró un estudio publicado en 2026 sobre 217 niños de 8 a 12 años en Bogotá. No se trata de una encuesta nacional, pero sí de una señal que merece atención: para esos niños, la pantalla ocupa una parte considerable de la vida cotidiana. En Estados Unidos, estudios de Common Sense Media han encontrado que los adolescentes pasan, en promedio, más de seis horas y media al día frente a pantallas, sin contar el tiempo destinado a tareas escolares. Mientras tanto, la vida real sigue ocurriendo alrededor de nosotros.
Hace algunos años, el extraño en la casa era el celular. Llegaba a la mesa, interrumpía una conversación y sonaba durante la cena hasta conseguir que todos miraran hacia él. Hoy ocurre algo más profundo: podemos estar todos juntos y, al mismo tiempo, estar en otra parte.
La mesa está llena, pero la conversación se vacía. Cada quien responde mensajes, mira videos, revisa comentarios, publica una fotografía o compara su vida con la versión cuidadosamente editada de la vida de los demás. La pantalla muestra familias felices, cuerpos perfectos, viajes extraordinarios y vidas aparentemente resueltas. El problema es que esa perfección casi nunca existe fuera del encuadre.
El teléfono dejó de ser un accesorio. Es reloj, banco, billetera, oficina, colegio, cámara, mapa, agenda y puerta de entrada a una parte creciente de nuestra vida. En Colombia, el 91.9% de las personas de cinco años o más utilizó celular en 2025 y el 82.3% utilizó internet. En los centros poblados y el rural disperso, el acceso de los hogares a internet llegó al 56.9%, quince puntos porcentuales más que en 2024, según el DANE.
Es un avance que debe reconocerse. Llevar conectividad a los territorios significa ampliar posibilidades de estudiar, trabajar, informarse y acceder a servicios. Pero cuando internet deja de ser una herramienta complementaria y se convierte en infraestructura cotidiana, también cambian los riesgos.
Y es que el costo de la hiperconexión tampoco puede medirse solamente en horas. La comparación permanente, la búsqueda de aprobación a través de likes, el miedo a quedarse por fuera de una conversación, el desplazamiento constante de un contenido a otro y el scroll infinito pueden convertir la atención en una mercancía. La Asociación Americana de Psicología ha advertido sobre los riesgos de determinadas funciones de las plataformas, como el desplazamiento infinito, las recomendaciones de contenido y los mecanismos de aprobación social, y ha señalado asociaciones entre la comparación relacionada con la apariencia, una peor imagen corporal y síntomas depresivos, especialmente entre adolescentes.
La Organización Mundial de la Salud, además, reportó que el uso problemático de redes sociales entre adolescentes de 11, 13 y 15 años aumentó del 7% en 2018 al 11% en 2022, con información de cerca de 280.000 jóvenes en 44 países y regiones. Esto no significa que las redes sociales sean dañinas por definición. Significa que ya existen suficientes señales para tomarnos en serio cómo, cuánto y para qué las estamos utilizando.
Pero existe otra dimensión del problema: la seguridad. En Colombia se registraron 7.404 delitos informáticos en 2015. En 2025 fueron 69.987. Aunque la cifra más reciente cayó frente a los 74.845 casos de 2024, el salto de la última década muestra hasta qué punto el delito digital dejó de ser excepcional y se incorporó al panorama permanente de seguridad del país.
La transformación financiera avanza en la misma dirección. Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, superó durante sus primeros seis meses los 670 millones de transacciones y los 34 millones de usuarios registrados. La facilidad para mover dinero en segundos es una enorme ventaja, pero exige que la prevención del fraude y la educación financiera digital evolucionen con la misma velocidad.
Y si esta exposición preocupa en los adultos, preocupa todavía más cuando hablamos de niños y adolescentes. Human Rights Watch documentó al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados desde 2021 y señaló, con base en datos de la JEP, que el 44% de los menores reclutados en 2025 fueron contactados mediante redes sociales. La organización también documentó el uso de plataformas como TikTok y Facebook para difundir propaganda, mostrar armas y dinero, ofrecer falsas oportunidades laborales y establecer contacto con menores.
Aquí la conectividad adquiere una dimensión mucho más seria. Una señal de internet puede abrir una puerta hacia una oportunidad, pero también hacia una estafa, una red de trata, el acoso o el reclutamiento.
Colombia ya cuenta con herramientas legales para enfrentar estos riesgos. La Ley 2489 de 2025 estableció disposiciones para desarrollar entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes; el Decreto 769 de 2026 reglamentó esta ley y desarrolló medidas de protección y seguridad desde el diseño.
La Ley 2590 de 2026 fortaleció la prevención del reclutamiento y ordenó desarrollar un protocolo de articulación con plataformas digitales para prevenir, detectar, reportar y bloquear contenido asociado con el reclutamiento ilícito de menores. La Ley 2608 de 2026, además, fortaleció la respuesta frente a la trata de personas y contempló agravantes cuando estas conductas se realizan mediante redes sociales, aplicaciones o plataformas digitales.
El marco existe. Ahora viene lo difícil: hacerlo funcionar. Una ley no acompaña a un niño cuando recibe un mensaje de un desconocido. Una ruta de atención sirve de poco si una familia no sabe que existe. Y retirar una cuenta después de que su contenido ya circuló no necesariamente evita el daño que pudo producir.
Por eso la educación digital tiene que ir mucho más allá de enseñar a crear una contraseña. Niños, padres y docentes necesitan herramientas para reconocer manipulación, proteger datos, identificar ofertas engañosas, entender cómo funcionan las plataformas, denunciar y pedir ayuda.
El Ministerio de Educación ya planteó en 2026 orientaciones para construir Entornos Seguros de Aprendizaje y equilibrar el uso pedagógico de las TIC con la protección del bienestar y la salud mental de los estudiantes. Y con esto aparece una discusión que Colombia tendrá que enfrentar tarde o temprano: ¿debemos avanzar hacia mayores restricciones al uso de celulares por parte de niños y adolescentes?
Francia, por ejemplo, amplió desde el inicio del año escolar 2026 la prohibición del uso de teléfonos en escuelas, colegios y liceos. Pero prohibir un dispositivo no reemplaza la tarea de formar criterio.
La pregunta también empieza en casa. ¿Cuántas conversaciones estamos delegando a una pantalla? ¿Cuántas veces entregamos un celular para entretener a nuestros hijos cuando lo que necesitan es nuestra atención? ¿Cuánto de su educación estamos dejando en manos de algoritmos que nosotros mismos apenas comprendemos?
Conectar a Colombia fue una tarea de infraestructura. Proteger a la Colombia conectada es una tarea de Estado, de familias, de escuelas y también de las plataformas que administran los espacios digitales donde hoy ocurre buena parte de nuestra vida. Porque el verdadero desafío no consiste en regresar a un mundo sin pantallas. Consiste en conseguir que, aun rodeados de ellas, sigamos siendo capaces de mirar al otro a los ojos.