El país que quedó después del discurso: Colombia y el costo real del 2025

Si hubiera que definir el 2025 con una sola palabra, esa sería orfandad. Fue el año en el que el país entendió que el Estado se replegó al discurso mientras la vida cotidiana —la seguridad, el ingreso, la salud mental— quedaba a la intemperie. No se trató de una crisis puntual ni de una coyuntura excepcional, sino de una acumulación de decisiones erráticas, señales contradictorias y una desconexión creciente entre el relato oficial y la experiencia real de millones de colombianos. El 2025 no fue un año de transición: fue el momento en que la realidad desbordó a la ideología y dejó al descubierto los límites de un gobierno más cómodo explicando y tuiteando que ejecutando.

En materia de seguridad, el colapso fue evidente. La promesa de una “Paz Total” se diluyó en los territorios donde el Estado debía estar más presente: Cauca, Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca y sur del Meta. Las cifras oficiales y de organismos de seguimiento mostraron un crecimiento sostenido de estructuras armadas ilegales, más de 1.100 actos de terrorismo, mayor control territorial y una mutación del conflicto hacia formas más sofisticadas y letales, como el uso de drones explosivos y la instrumentalización de civiles. Las víctimas de secuestro se duplicaron, dando como resultado más de 520 víctimas en el año, y la extorsión se normalizó como impuesto criminal. La degradación de la seguridad tuvo un impacto directo y medible sobre la Fuerza Pública. Solo entre enero y octubre de 2025, 153 uniformados fueron asesinados y 673 resultaron heridos, lo que deja más de 800 víctimas entre policías y militares en menos de un año. Esta es la evidencia de una Fuerza Pública expuesta, reaccionando sin una hoja de ruta clara y enfrentando estructuras criminales fortalecidas. El mensaje fue demoledor y se sintió en el territorio: el Estado retrocedió y los violentos avanzaron.

Ese deterioro tuvo un punto de quiebre simbólico y moral con el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. No fue un hecho aislado ni un “accidente” de la coyuntura, sino la consecuencia de un ambiente de degradación de la política, de discursos que trivializaron el odio y de una incapacidad estructural para proteger liderazgos democráticos. Que el ejecutor material haya sido un menor de edad volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el reclutamiento infantil creció de forma alarmante en los últimos años, convirtiendo a niños y adolescentes en instrumentos de una violencia que el Estado no supo prevenir. Las cifras indican que, en promedio, cada 20 horas un niño(a) o adolescente es reclutado o usado para la guerra. Allí fallaron la seguridad, la política social y la ética pública al mismo tiempo.

En el plano institucional, el 2025 dejó ver un Ejecutivo cada vez más intolerante a los límites. Ante la falta de consensos en el Congreso, la respuesta fue gobernar por decreto, presionar con consultas populares y descalificar sistemáticamente los controles democráticos. La narrativa del “bloqueo institucional” se convirtió en coartada para justificar atajos peligrosos, mientras se agitaba, de forma recurrente, la amenaza de una Asamblea Constituyente como mecanismo de presión política. Ese clima erosionó la separación de poderes y profundizó la incertidumbre jurídica, un costo silencioso pero alto para cualquier democracia.

A esa tensión se sumó una corrupción que desnudó la fragilidad moral del proyecto de gobierno. El escándalo de la UNGRD, con recursos destinados a los más vulnerables convertidos en moneda de intercambio político, demostró que la promesa de “hacerlo distinto” no resistió la prueba del poder. Los discursos éticos perdieron credibilidad frente a prácticas que replicaron viejos vicios: clientelismo, favores cruzados y protección política a funcionarios cuestionados. La corrupción no desapareció; simplemente cambió de relato.

En lo económico, el año estuvo marcado por la asfixia al bolsillo. El crecimiento fue anémico, la inversión privada se contrajo y la confianza empresarial se deterioró. La transición energética, mal planificada y cargada de improvisación, empujó al país a una mayor dependencia de importaciones de gas, encareciendo las tarifas para hogares y pequeños negocios. Ecopetrol vio caer de manera significativa sus utilidades, atrapada entre decisiones políticas y la realidad del mercado. Mientras tanto, el Gobierno presentó un presupuesto ambicioso pero desfinanciado, apostando a reformas tributarias inciertas que volvieron a poner presión sobre la clase media y los sectores productivos.

Sin embargo, la crisis más profunda fue la menos visible: la emocional. El 2025 confirmó que Colombia atraviesa una verdadera pandemia de salud mental que el Estado no ha sabido dimensionar ni atender. Se registraron más de 2.300 muertes por suicidio, ubicándolo como una de las principales causas de muerte violenta en el país. Más alarmante aún es el fenómeno subyacente: más de 32.372 casos de intento de suicidio en lo corrido del año, reportados en casi el 80 % de los municipios, lo que revela una crisis extendida y no focalizada. La incidencia golpea con mayor fuerza a jóvenes entre 15 y 24 años, y aunque las mujeres concentran el 63 % de los intentos, los hombres siguen encabezando las muertes consumadas, evidenciando fallas graves en prevención, detección temprana y seguimiento. A esto se suma un patrón de repetición preocupante: más del 40 % de las personas que intentaron suicidarse ya tenían antecedentes, prueba de rutas de atención fragmentadas y sin continuidad. En este contexto, la escasez de psiquiatras, la falta de camas especializadas y la debilidad de la atención comunitaria convirtieron la política pública en un enunciado sin capacidad real de respuesta. La violencia intrafamiliar también se intensificó, con 101.733 casos, transformando muchos hogares en espacios de riesgo emocional permanente. La conclusión es ineludible: mientras el país legisló, la salud mental colapsó en la vida real.

El balance del 2025 es duro. Fue un año de retroceso en seguridad, de fragilidad económica y de abandono emocional. La “potencia mundial de la vida” quedó atrapada en el eslogan, mientras la gente enfrentó miedo, incertidumbre y cansancio. Pero también fue un año que quitó máscaras. Dejó claro que gobernar no es narrar, que el Estado no puede improvisar y que la esperanza no se construye con mesianismos sino con instituciones sólidas, autoridad legítima y empatía real. El 2026 no será solo un año electoral: será un juicio colectivo sobre si Colombia decide seguir normalizando la orfandad o si, por fin, reconstruye un Estado que cuide, proteja y responda.